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Para Amnistía Internacional la orden contra Al Bachir demuestra que "nadie está por encima de la ley"

Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy que la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, demuestra que "nadie está por encima de la ley".
"Si estás acusado de un crimen, debes hacerle frente y encarar los cargos ante una corte de Justicia. El presidente Al Bachir tendrá la oportunidad de hacerlo ante la Corte Penal Internacional", manifestó Amnistía Internacional en un comunicado.
El presidente sudanés está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur.
La orden de la CPI no incluye el cargo de genocidio porque los jueces consideraron "por mayoría" que los documentos presentados por la fiscalía no ofrecieron suficiente base para probar la "intención específica" de Al Bachir de destruir a una parte de la población.
La secretaria general de AI, Irene Khan, subrayó a través de un comunicado que "la ley es clara y Al Bachir debe comparecer ante la CPI para defenderse" y añadió que "si se niega a hacerlo, las autoridades sudanesas deben garantizar que es arrestado y entregado inmediatamente a la Corte Penal Internacional".
"El anuncio de hoy es un síntoma importante, tanto para Darfur como para el resto del mundo, de que los sospechosos de violaciones de los derechos humanos tienen que ir a juicio, independientemente de lo poderosos que sean", indicó Khan.
AI recuerda que la Constitución de Sudán otorga inmunidad al jefe del Estado mientras está en el cargo, pero añade que "no existe ningún instrumento internacional que haya reconocido alguna vez la inmunidad frente a los crímenes de guerra o contra la humanidad".
"Las autoridades sudanesas -señaló AI- tienen la obligación legal de arrestar a cualquier persona sobre la que pese una orden de arresto de la CPI en virtud de la resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".
Además, declaró AI, "si el presidente Al Bachir saliera de Sudán, el Gobierno de cualquier país que dé con él tiene la obligación de negarle el refugio y de arrestarle inmediatamente en su condición de fugitivo de la Justicia, entregándole a la CPI".