Bruselas tira de la oreja a Francia por los ataques a camiones españoles

La Comisión Europea ha señalado hoy que no ha sido informada formalmente de los últimos ataques de agricultores franceses contra camiones que transportaban frutas y verduras desde España, pero ha dejado claro que condena "todo tipo de acción ilegal y destructiva" y ha recordado a Francia que los países de la Unión Europea deben tomar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías.

"No hemos recibido nuevas quejas. Pero de manera general, evidentemente la Comisión condena toda acción ilegal y destructiva", han declarado a Europa Press fuentes del Ejecutivo comunitario. Las fuentes han confirmado que están al tanto de las informaciones publicadas sobre los incidentes de los pasados 9 y 11 de agosto en la frontera francesa, pero han señalado que las autoridades españolas no han notificado los incidentes a Bruselas.

En cualquier caso, apuntan las fuentes, "todo Estado miembro está obligado a tomar todas las medidas necesarias y proporcionadas, con el objetivo de garantizar la libre circulación de los bienes sobre su territorio". También tienen la obligación de informar al Ejecutivo comunitario "en caso de obstáculos importantes" a este derecho.

Sin embargo, las fuentes consultadas, advierten de que las normas de la Unión Europea confieren a las autoridades nacionales "la competencia exclusiva" en lo que concierne al mantenimiento del orden público y a las medidas a poner en práctica para garantizar el derecho a la libre circulación en una situación específica.

El pasado julio, tras un primer ataque de piquetes franceses contra camiones con frutas españolas, Bruselas se puso en contacto con París para advertirle de su obligación de cumplir las normas del mercado único. La gendarmería se comprometió entonces a intervenir si fuera necesario para impedir nuevos casos, según las fuentes.

La Comisión puede actuar si recibe una queja formal. Primero la somete a examen y si lo considera necesario contactar con el Estado miembro. Si Bruselas considera que el país en cuestión infringe la regulación europea que le obliga a proteger la libre circulación de mercancías, podría iniciar un procedimiento de infracción.