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Bruselas pide a Polonia que responda "lo antes posible" a su evaluación sobre riesgos al Estado de Derecho

La Comisión Europea ha instado al Gobierno polaco a remitirle "lo antes posible" su respuesta a su evaluación sobre los riesgos para el Estado de Derecho en Polonia por su polémica reforma para estrechar su control sobre el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo comunitario dio el pasado 1 de junio el primer paso formal en el expediente abierto a Polonia por vulnerar el Estado de Derecho y que, en última instancia, podría llevar a la suspensión de su derecho de voto en la Unión Europea.
"Hemos invitado a las autoridades polacas a remitir sus observaciones a la opinión lo antes posible", ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva.
El Ejecutivo comunitario aprobó enviar una opinión formal sobre los problemas en Polonia el pasado 1 de junio al Gobierno conservador polaco. "Esperamos recibir las observaciones este mes", ha recalcado la portavoz.
El envío de la opinión o evaluación formal es el primer paso formal del proceso que llegado el caso podría llevar a la suspensión del voto en la UE del país.
Si el país no resuelve las cuestiones que le plantea la Comisión, el segundo paso es el envío de una recomendación al país pidiéndole que resuelva el problema en un plazo límite y supone el paso previo a la posible activación del artículo 7 del Tratado, Tratado --con el apoyo necesario de la Eurocámara y de al menos diez Estados miembros, para suspender a un país de su derecho a voto por una amenaza sistémica al Estado de Derecho si los Gobiernos dan su visto bueno unánime.
El vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, rechazó el pasado 1 de junio "prejuzgar sobre los pasos futuros" que dará Bruselas si Polonia no cumple e insistió en que la fase de diálogo no se ha agotado todavía, preguntado por las dificultades de sancionar a Polonia por el rechazo de países como Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orban se opone a ello.
Timmermans confió en todo caso en que el Gobierno y la oposición encuentren "en un periodo de tiempo relativamente corto" soluciones a las preocupaciones de Bruselas que se centran en tres aspectos como son el nombramiento y composición del Tribunal Constitucional; la publicación y cumplimiento de sus sentencias y el contenido de la nueva norma que regula su funcionamiento.