Bruselas niega que la protección de secretos que vota el PE sea una amenaza para los medios que destapen escándalos

Los negociadores del Consejo y de la Eurocámara cerraron con Bruselas un acuerdo el pasado diciembre sobre la nueva directiva, que previsiblemente refrendará este jueves el pleno del Parlamento Europeo.

Sin embargo, un grupo de cerca de 50 organizaciones de jueces, periodistas, sindicatos y otros actores han emprendido una campaña para alertar de que las nuevas reglas "dificultarán enormemente" que se filtren cuestiones de "interés público", como los acuerdos secretos de países de la UE con multinacionales conocidos con 'LuxLeaks' o el escándalo de las 'tarjetas black' en España.

Bajo el nombre de Xnet, este colectivo ha enviado una carta a cada eurodiputado instándole a que el jueves vote en contra del acuerdo de directiva y ha emprendido una recogida de firmas a través de la red que cuenta ya con más de 140.000 apoyos y que reclama a Bruselas que retire el texto y redacte una nueva propuesta.

El Ejecutivo comunitario, sin embargo, asegura que existen disposiciones en la nueva norma que "salvaguardan claramente" tanto el derecho a la información como el de la libertad de prensa, al tiempo que se protege a las empresas europeas del espionaje industrial y del robo de información confidencial.

La directiva establece medidas comunes contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas de los llamados "secretos comerciales", pero sus detractores consideran que la definición de esos secretos es lo suficientemente ambigua como para abrir la puerta a que las empresas persigan a los confidentes o 'whistleblower'.

Los Verdes en la Eurocámara ya se han posicionado en contra del acuerdo y critican que el peso de la prueba recaiga sobre los informadores o delatores, ya que el nuevo marco jurídico sólo protegería a quienes destapen actividades "ilegales".

Ello dejaría fuera del paraguas de protección casos como el de 'LuxLeaks' o el de los 'papeles de Panamá' ya que han publicado casos "inmorales", sin trillar en la publicación de los miles de documentos las prácticas ilegales de las que no lo son, aunque sean moralmente reprobables.

En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario insiste en que la nueva norma refuerza las leyes actuales y advierte de que no ha sido Bruselas quien ha "inventado el concepto" de secreto comercial, ya que este existe con anterioridad y corresponde a las autoridades nacionales definir su alcance.