CEAR denuncia los esfuerzos de la UE y sus países para "alejar a los refugiados de sus costas"

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado los crecientes esfuerzos de la Unión Europea y de sus estados miembro por "alejar a los refugiados de sus costas", entre los que ha destacado "la externalización de fronteras", un proceso "discriminatorio" para distinguir entre refugiados e inmigrantes y un código de conducta para las ONG que actúan en el mar Mediterráneo en un intento por "criminalizarlas".

CEAR ha fijado su atención en Italia, "la ruta más mortal hacia la fortaleza europea", a través de un informe basado en entrevistas con las personas llegadas a sus costas y con los actores que intervienen en el proceso, como parte del 'Observatorio del derecho de asilo, las migraciones forzadas y las fronteras', financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID).

En lo que va de año, más de 100.000 personas han llegado a Europa por el Mediterráneo, de las cuales más de 85.000 lo han hecho por la ruta central, que desemboca en las costas italianas. En este mismo periodo, más de 2.200 personas han muerto en estas aguas, lo que equivale "al 73 por ciento de todas las muertes en el mar que se han producido en el mundo".

"Los líderes europeos tienen 2.200 pruebas de que su política migratoria, centrada en blindar y alejar fronteras, conduce a la muerte a personas que tenían en Europa su última esperanza para salvar sus vidas", ha dicho la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, durante la presentación de este informe, que se ha hecho este martes en Madrid.

Nuria Díaz, coordinadora de Incidencia y Participación Social de CEAR, ha explicado que uno de los principales "obstáculos" que se encuentran los refugiados que pretenden alcanzar Europa vía Italia es la "externalización de fronteras a través de la firma de acuerdos de cooperación con terceros países con el fin de frenar los flujos migratorios".

"Esto no es algo nuevo", ha lamentado Díaz, que ha indicado que en los últimos años la UE ha tratado de construir una "Europa fortaleza" y, en el caso de Italia, que ha suscrito varios acuerdos migratorios con países "no seguros" del entorno africano. "Siempre pensamos que Europa y los países europeos aprenden las lecciones del pasado, pero no es así", ha reprochado.

Díaz ha mencionado, en concreto, el acuerdo firmado entre Italia y Libia a principio de 2017, "que va a favorecer la devolución de personas a un país no seguro que es un Estado fallido donde se han documentado situaciones de esclavitud y tortura y otras violaciones graves de los Derechos Humanos y donde además corren el riesgo de ser devueltos a sus países de origen".

A este respecto, Galán ha relatado que los hombres llegados a Italia desde Libia con los que pudo hablar CEAR contaron que "habían dependido de señores de la guerra hasta que acabaron trabajos con los que poder pagar su pasaje en estas barcas de la muerte". "Y la situación de las mujeres es mucho peor por la violencia sexual", ha apostillado.

EL PRIMER FILTRO: LOS 'HOT SPOTS'

"El recorrido de estas personas no acaba ahí", ha recalcado Díaz. Tras sobrevivir a países como Libia, "donde sufren atrocidades", llegan a Italia --"si llegan"-- y "se encuentran con que horas después de su desembarco, muchas veces en estado de 'shock', en situaciones terribles, se les somete a una primera entrevista en los 'hot spots'", "espacios que no están regulados normativamente" y "donde se vulneran derechos".

"Esta entrevista siempre está articulada en torno a un formulario en el que se hacen una serie de preguntas que están manipuladas en su esencia porque al mismo tiempo que se les pregunta si quieren solicitar protección internacional y si quieren trabajar en Italia". Si dicen que sí a esta última pregunta, se les descarta "automáticamente" como solicitantes de asilo, ha criticado.

Además, existe un criterio para distinguir entre refugiados e inmigrantes "basado puramente en la nacionalidad". Así, los magrebíes y subsaharianos quedan fuera del ámbito de protección internacional, cuyo acceso se restringe a una serie de nacionalidades que se revisan cada tres meses y que actualmente comprende solo a sirios, eritreos y yemeníes, de acuerdo con CEAR.

Galán ha reclamado "que de una vez por todas se prescinda del criterio de la nacionalidad" porque "es discriminatorio". La secretaria general de CEAR ha indicado que, por ejemplo, a Italia llegan sobre todo africanos, incluidos muchos nigerianos que han salido de su país huyendo de la violencia de los terroristas de Boko Haram, es decir, que "cumplen con el perfil de refugiado".

"LARGAS ESPERAS"

Una vez superado el 'hot spot', aquellos que consiguen entrar en el sistema de protección internacional se enfrentan a "largas esperas" para que se resuelva el proceso que determinará si son merecedores de que se les reconozca el derecho de asilo en suelo europeo.

Galán ha explicado que Italia cuenta con un sistema tradicional, el que existía antes de la ola migratoria de 2015, que está gestionado por ONG y orientado a la reinserción, y otro "extraordinario" que se puso en marcha a raíz de la crisis de refugiados y que está en manos de empresas privadas, en algunos casos "vinculadas a la mafia italiana".

Este sistema extraordinario ha creado grandes complejos residenciales que se dirigen "totalmente desenfocados", guiados solo por el beneficio económico. "Ven el refugio como un negocio", ha afirmado Galán, alertando de que la ausencia de políticas de reinserción podría llevar a "graves problemas de convivencia" en el futuro.

No obstante, ha valorado que el sistema de asilo en Italia ofrece, entre ambas vías, la tradicional y la extraordinaria, en torno a 180.000 plazas, cuando en España se aspira en estos momentos a alcanzar 8.000. "Estamos en un nivel bastante inferior", ha enfatizado.

A este respecto, el director de la AEXCID, Ángel Calle, ha pedido al Gobierno español que atienda los llamamientos del Ejecutivo extremeño para acoger más refugiados. "Nuestra región tiene un problema demográfico muy serio (...) Necesitamos gente que quiera vivir en nuestro territorio", ha sostenido.

Interrogada sobre la posibilidad de que España cumpla con la cuota de 17.337 refugiados que se comprometió a acoger antes del 26 de septiembre, Galán ha considerado que "ya es imposible" porque solo ha llegado un diez por ciento. "Ahora habrá que ver qué respuesta da la UE a los países incumplidores: si esto va a quedar impune o se van a alargar los plazos. Hay que recordar que la UE ya dijo que el cumplimiento del plazo no acaba con el compromiso", ha sentenciado.

"CRIMINALIZACIÓN" DE LAS ONG

CEAR ha advertido asimismo del impacto negativo que tendrá el código de conducta que ultima la UE para las ONG que han desplegado barcos en el Mediterráneo para operaciones de rescate por considerar que su acción puede generar un 'efecto llamada'.

"Es un nuevo error que demuestra que los estados lo que quieren es alejar a los refugiados de nuestras costas" y que no va conseguir el objetivo "porque los refugiados lo único que quieren es salvar la vida y mientras no haya otras fórmulas seguirán echándose al mar", ha sostenido Galán.

"Si los estados quieren que realmente las ONG dejen de operar en el Mediterráneo lo tienen absolutamente fácil: es tan sencillo como poner en marcha vías legales y seguras y las ONG estarán encantadas de recoger sus barcos y orientar sus esfuerzos a las muchas otras necesidades que hay en estos momentos en otros países", ha dicho.

Galán también ha denunciado que se trata de "un intento de criminalizar a las ONG", que "en su mayoría tienen una conducta limpia". "En muchas ocasiones el trabajo que nosotros hacemos consiste en pagar los platos rotos de las políticas, en este caso de las migratorias", de los gobiernos, ha reprochado.