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La CIDH denuncia una "aparente colusión" entre el Estado y los criminales en el caso Iguala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado la "aparente colusión" entre los agentes del Estado y el crimen organizado para la desaparición de 43 'normalistas' (estudiante de magisterio) en Iguala, como ejemplo de la "grave crisis de Derechos Humanos que atraviesa México".
La CIDH ha publicado este miércoles el informe 'Situación de Derechos Humanos en México, con más de 200 páginas, en el que constata la "grave crisis" que sufre el país iberoamericano, que se traduce en una "espiral de violencia" que afecta, sobre todo, a grupos vulnerables como niños, mujeres, indígenas y LGBTI.
El organismo regional ha estudiado "con particular énfasis" la desaparición forzada "en grandes extensiones del territorios mexicano", que "ha alcanzado niveles críticos". Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas, hasta el pasado 30 de septiembre había 26.798 personas "no localizadas" en México.
"Especialmente grave es la información amplia y consistente recibida por la CIDH sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de los mismos", ha indicado.
A este respecto, ha señalado el caso de los 43 'normalistas', "una grave tragedia y un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México". Para la CIDH "es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar". "Este caso es un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado", ha afirmado.
La CIDH ha analizado igualmente los homicidios, cuya tasa "desde hace años" es superior a 10 por cada 100.000 habitantes, "lo cual corresponde a niveles epidémicos de violencia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los asesinatos han llegado a más de 94.000 solo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
"El relator especial de ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias calificó la impunidad en los casos de homicidios como 'sistemática y endémica'", ha recordado la CIDH subrayando que "las deficiencias en las investigaciones no permiten establecer con certeza el número de muertes violentas".
También ha prestado atención a los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Procuraduría General de la República (PGR) cifró en el pasado mes de abril en 2.420 las investigaciones abiertas por tortura, de las cuales solo 15 han recibido sentencias condenatorias a nivel federal.
IMPUNIDAD
La CIDH ha valorado "las importantes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos que se han introducido en México a partir de 2011" pero ha afirmado que es "la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de impunidad", que ha llevado a que el 98 por ciento de los delitos no sean resueltos.
"La gente tiene miedo de denunciar por las represalias a las que son sometidas las personas que buscan a sus seres queridos", ha dicho el presidente de la CIDH, James Cavallaro. "La madre de un desaparecido nos contó que ha recibido amenazas de que le cortarían la lengua y que encontraría en la puerta de su casa los cuerpos de sus otros tres hijos si insistía en la búsqueda", ha dicho.
"Y cuando se animan a denunciar, las investigaciones adolecen de tantos obstáculos que prácticamente ninguna logra esclarecer lo ocurrido. Incluso recibimos testimonios de familiares a quienes funcionarios de las procuradurías estatales les han pedido dinero para adelantar diligencias", ha lamentado.
La CIDH ha considerado que "especialmente grave es la negligencia de las autoridades estatales y locales en las primeras horas a partir de la desaparición de una persona, porque son claves a fin de encontrarla con vida". "En muchos casos, han sido los familiares quienes han asumido la búsqueda de sus seres queridos", ha señalado.
Cavallaro ha advertido de que "la espiral de violencia e impunidad trae consigo graves consecuencias para el Estado de Derecho", de modo que "el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva".