Colombia niega por primera vez la extradición de un guerrillero de las FARC a EEUU

Santos ha alegado en una resolución ejecutiva --a la que ha tenido acceso el diario colombiano 'El Tiempo'-- que existen razones para negar la extradición de 'Misael', replanteándose así la decisión inicial del Gobierno.

El 22 de octubre la Casa de Nariño autorizó la entrega del guerrillero a la justicia estadounidense bajo la condición de que primero purgara los crímenes cometidos en Colombia "o hasta cuando de algún modo cese el motivo de detención" en territorio nacional.

Esta precisión final propició que la defensa de 'Misael' recurriera la decisión gubernamental argumentando que con ello se abría la puerta a que se continuara con la extradición de combatientes incluso una vez concluido con éxito el proceso de paz.

"En casos como el presente, en el que el ciudadano requerido ha sido condenado por delitos políticos en su condición de militante de las FARC, con quienes se está negociando un proceso de paz (...), hacen que en esta oportunidad se replantee la decisión que en su momento adoptó el Gobierno en la que concedió la extradición", ha concluido el gabinete de Santos.

"Las normas constitucionales que autorizan al Gobierno a dirigir las relaciones internacionales del Estado colombiano y la facultad discrecional que le otorga la ley en materia de extradición le permiten a su vez evaluar las conveniencias nacionales y adoptar, de manera discrecional, las decisiones políticas que considere oportunas para alcanzar los fines señalados en la Carta Política", ha esgrimido.

A ello se suma el hecho de que la Corte Suprema de Justicia determinó el pasado mes de septiembre, precisamente en relación al caso de 'Misael' --que cobraba "impuestos" a los productores locales de cocaína-- que el delito de narcotráfico era un delito conexo con el de rebelión.

El Gobierno y las FARC están a punto de cerrar un acuerdo anunciado el 23 de septiembre sobre justicia transicional que impediría a las autoridades colombianas extraditar a Estados Unidos a los guerrilleros por delitos relacionados con el conflicto armado.