EEUU sugiere conceder la inmunidad al expresidente mexicano Ernesto Zedillo, acusado de la masacre de Acteal

"Los presuntos actos contenidos en la demanda (contra Zedillo) por los actos del expresidente contemplan acciones que cometió cuando estaba al frente de México, lo que implica que se realizaron en el marco de sus poderes como presidente del país", ha dicho el Gobierno estadounidense. "Estados Unidos ha determinado que el expresidente Zedillo tiene inmunidad en este caso", ha agregado.

En este sentido, ha subrayado que los argumentos que apuntan "que Zedillo debería ser responsabilizados de la conducta errónea de otros funcionarios de perfil más bajo en base a su posición como presidente en ese momento" no son suficientes para cambiar la valoración del Departamento de Estado, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

En base a este documento emitido por Washington, los abogados de la acusación --familiares y supervivientes de la masacre-- han dicho que Zedillo cuenta entonces con inmunidad y no podrá ser juzgado, al tiempo que han expresado su "profunda decepción" por la decisión.

"En base a los muchos testimonios y documentación que hemos conseguido, tenemos total seguridad en que altos cargos del Gobierno de Zedillo tenían conocimiento previo (de la masacre) y participaron directamente en la conspiración que llevó a la masacre de Acteal y su ocultamiento", han apuntado los abogados Roger Korbert y Marc Pugliese.

Tras la masacre, el gobierno mexicano dijo que la masacre se debió a un conflicto étnico, aunque la oposición y varias organizaciones humanitarias alegan que el incidente fue parte de la estrategia de defensa del Gobierno en su lucha contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los abogados de la acusación han criticado también al Gobierno estadounidense por basar su decisión "en comunicaciones entre Zedillo, el actual gobierno mexicano y el Ejecutivo estadounidense" que no fueron comunicadas a los abogados o al público. La demanda contra el exmandatario fue presentada hace casi un año en Connecticut, donde reside al tiempo que imparte clases en la Universidad de Yale, y demanda el pago de 50 millones de dólares (alrededor de 39 millones de euros) por los daños cometidos.