España tiene once meses para "certificar" el buen uso de 1.122 millones en ayudas de la UE y evitar perderlas

"Hay de plazo hasta abril de 2017 para cumplir el proceso de certificación. Quiere decir que aún hay tiempo: Once meses para completar la certificación", ha indicado el portavoz de Política Regional, Jakub Adamowicz.

Adamowicz ha confirmado que el pago de un total de 1.122 millones de euros en subsidios comunitarios a España "está actualmente interrumpido" debido a las "irregularidades" y deficiencias que se ha detectado en la gestión y control de dichas ayudas.

Ya la semana pasada, fuentes comunitarias indicaron a Europa Press que la Comisión había congelado el desembolso de 24 millones de euros a la Comunidad de Madrid, a la espera de que una auditoría aclarase si su gestión cumplía los estándares de la UE.

Este lunes, el Ejecutivo comunitario ha confirmado que el problema se extiende a 22 de los 23 programas operativos con que cuenta España para el periodo 2007-2013, pero ha matizado que muchos de ellos están afectados "levemente" y no por dudas en los programas en sí, sino por las irregularidades de organismos que participan en su gestión.

"Bruselas cuenta con un sistema sólido de auditorías e interrumpimos los pagos en cuanto se identifican las irregularidades, además trabajamos duro con los Estados miembros para resolver los problemas y retomar (las ayudas)", ha recalcado el portavoz comunitario.

Así, ha argumentado que la suspensión de fondos es un mecanismo "habitual" en el control de las ayudas comunitarias y que la medida tomada contra España no corresponde a una situación "excepcional".

Adamowiz también ha querido señalar el papel "fundamental" que han jugado las inversiones de la UE en la "modernización" de España y ha asegurado que, en 30 años de pertenencia al bloque comunitario, hay "muchas historias de éxito" en el uso de fondos de cohesión.

Sobre los problemas detectados, el portavoz ha apuntado que las autoridades implicadas y la Comisión están trabajando "estrechamente" para corregir las deficiencias y se están diseñando "planes de acción" para una implementación adecuada de los recursos.

Fuentes comunitarias han explicado que el paso dado por Bruselas para congelar los 1.122 millones no busca provocar un "drama" o "tsunami" en España, sino activar una "voz de alarma" para "asegurar que (los fondos en cuestión) no se pierden finalmente".

El objetivo es que España acredite la gestión adecuada y que se han tomado medidas para "reforzar" el control sobre las inversiones, han añadido.

Según ha podido saber Europa Press, entre los organismos cuya gestión ha despertado dudas en la Comisión hay varios autoridades regionales de Madrid, Cataluña, Melilla, Andalucía y Castilla y León, pero también ministerios como el de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente y organismos públicos como el ICEX.