La Fiscalía imputará a un policía por la muerte de un joven en las protestas de Caracas

En un comunicado, el Ministerio Público ha identificado al oficial de la Policía como Rohenluis Leonel Mata Rojas, de 27 años, detenido tras la muerte del joven por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El fallecido es Jairo Ortiz, un joven de 19 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Ortiz recibió un disparo cuando se encontraba en una protesta en el sector de Montaña Alta, en el municipio de Carrizar, en el estado de Miranda.

El defensor del Pueblo, Tarek Saab, ha condenado "el vil asesinato del joven Jairo Ortiz" y ha manifestado la más "firme condena" del organismo a tan despreciable hecho". "Garantizamos a la comunidad nacional que este grave delito no quedará impune y merecerá todo el peso de la ley", ha afirmado en un comentario publicado en la red social Twitter.

Por su parte, el Ministerio Público ha designado ya a dos fiscales para investigar la muerte de Ortiz, que "coordinan las actuaciones que realizan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conjuntamente con la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones".

"De acuerdo con la información preliminar, aproximadamente a las 22.00 de la noche la víctima se encontraba en la manifestación realizada en el citado sector, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana se aproximaron al lugar", ha indicado la Fiscalía. "Durante la situación, Ortiz recibió un disparo que le ocasionó la muerte", ha añadido.

El presidente venezolano informó de que unas 30 personas fueron detenidas por los disturbios en Caracas. Los uniformados frenaron el avance de los manifestantes porque, según la versión del Gobierno, intentaron llegar al Palacio de Miraflores --sede del Gobierno--, si bien la oposición asegura que el bloqueo se produjo cuando trataban de alcanzar la Defensoría del Pueblo. Los agentes emplearon balas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua y los manifestantes lanzaron piedras.

Un grupo de diputados opositores ha precintado este viernes la sede de la Defensoría del Pueblo, en la Plaza de Morelos, en el centro de Caracas, para simbolizar la "clausura" de una institución que, en su opinión, ha abandonado los intereses de los venezolanos para posicionarse junto al oficialismo.

MARCHAS SIMULTÁNEAS

El objetivo de la marcha opositora era respaldar la decisión de la Asamblea Nacional de iniciar el proceso para destituir a los magistrados del TSJ. "La protesta es un recurso cuando se tiene un Gobierno que hace lo que este Gobierno está haciendo. Si liberara a los presos políticos y hablara del cronograma electoral, nadie estaría en la calle", dijo el líder opositor Henrique Capriles.

Al mismo tiempo, pero en otro punto de Caracas, los seguidores del Gobierno se concentraron para "defender la Constitución", atendiendo así a la convocatoria realizada por el grupo parlamentario 'chavista', el Gran Polo Patriótico (GPP), para rechazar el eventual cese de los magistrados del TSJ.

Otro de los propósitos de la manifestación oficialista en la Plaza Morelos era clamar contra "las pretensiones injerencistas" de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sopesa activar la Carta Democrática contra Venezuela por la "ruptura del orden constitucional", lo que podría llevar a su suspensión como país miembro.

En este caso, la concentración se resolvió de forma pacífica. El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sostuvo que "en Venezuela no hay disturbios". "Lo que tenemos es un pueblo en la calle defendiendo la Constitución", dijo, según informa Noticias 24.

CRISIS INSTITUCIONAL

El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizaran estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la OEA expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.