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El Gobierno de El Salvador dice que está respetando las leyes ante la captura de los exmilitares

El Gobierno de El Salvador ha asegurado este lunes que está siendo "respetuoso con las leyes" ante las detenciones de los exmilitares acusados en el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellas de nacionalidad española, durante la guerra civil.
"Este Gobierno es absolutamente respetuoso de las leyes nacionales y tratados internacionales, así como del sistema de justicia y sus procedimientos", ha indicado a través de un comunicado, en el que se ha insistido en que las detenciones se han realizado "con el respeto de los derechos fundamentales de los acusados".
La Policía Nacional ha cumplido con una notificación de la Interpol y "contaba con órdenes de allanamiento giradas por autoridad judicial para ingresar a sus residencias", detalla el documento. En cualquier caso, muchos de los militares retirados aún no han sido capturados por los agentes.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, instó el pasado fin de semana a los militares involucrados en la masacre de seis jesuitas durante la guerra civil (1980-1992) a entregarse a las autoridades. "Hay personas que se han ocultado. Mi recomendación es que se entreguen", apostilló.
Por su parte, este lunes un grupo de familiares de los militares vinculados ha celebrado una rueda de prensa en la que han defendido la inocencia de los exmilitares y denuncian que son "víctimas de una persecución política".
PETICIÓN DE CAPTURA DEL JUEZ ESPAÑOL
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco envió a comienzos de enero una nueva petición a Interpol para la captura de los militares salvadoreños retirados, supuestamente involucrados en la masacre de los religiosos y dos colaboradoras en los momentos más álgidos de la guerra.
En el marco de una ofensiva guerrillera en la capital, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando militar de ultraderecha irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y acribilló al grupo de religiosos, entre ellos el rector de la institución, Ignacio Ellacuría. Cinco de los seis sacerdotes eran españoles. En el ataque también murieron una empleada doméstica y su hija.
El crimen es uno de los más emblemáticos del conflicto armado que enfrentó a la entonces guerrilla izquierdista y ahora partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el Ejército salvadoreño, con un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
La justicia española ya había solicitado en 2011 la detención de los militares con miras a la extradición, pero la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió que el requerimiento se refería únicamente a un aviso de localización, por lo que desechó la petición de captura y la extradición.