Griesa convoca una audiencia ante el posible cambio de jurisdicción de los pagos a bonistas reestructurados

Griesa ha convocado a las partes después de que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunciara el martes un proyecto de ley para permitir a los bonistas que se sumaron a las reestructuraciones que cobren su deuda amparados por la legislación argentina.

Fernández de Kirchner explicó que el objetivo es que los acreedores de deuda reestructurada puedan canjear sus bonos, si así lo desean, por nuevos papeles con las mismas condiciones pero bajo legislación argentina.

Además, el proyecto de ley autorizará la eliminación de Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario y el nombramiento de Nación Fideicomisos, del estatal Banco Nación, como nuevo agente encargado del servicio de la deuda.

A pesar de este anuncio, la jefa de Estado insistió en que Argentina quiere "solucionar el cien por cien de los tenedores de bonos de deuda argentina, en forma justa, equitativa, legal y sustentable, pero también de manera definitiva, porque el próximo 30 de septiembre tiene otro pago de 200 millones de dólares".

Uno de los llamados "fondos buitre", Aurelius Capital, ya ha expresado su rechazo a este proyecto de ley. "Los líderes argentinos han elegido ser unos bandidos. Han desobedecido los fallos de los tribunales estadounidenses", ha dicho en un comunicado.

"FONDOS BUITRE"

La nación austral incurrió en 2002 en una cesación de pagos de unos 100.000 millones de dólares, deuda que se reestructuró en su mayor parte pagando menos de 30 centavos por cada dólar a los acreedores en 2005 y 2010.

Una minoría de bonistas, a los que el 'kirchnerismo' se refiere como "fondos buitre", optaron por demandar a Argentina en tribunales de Estados Unidos, donde obtuvieron un fallo favorable en su reclamo del pago total de la deuda.

Obviando este fallo, Argentina depositó en junio el dinero necesario para pagar a los bonistas de las reestructuraciones, pero Griesa bloqueó esos fondos para dar prioridad a los 'holdouts', lo que provocó que el país entrara en suspensión de pagos el 30 de julio.