Los tuareg de Libia reclaman a las partes que acepten la propuesta de la ONU para poner fin a la crisis

En su comunicado, el organismo ha recalcado que el diálogo y el rechazo de las divisiones son la única manera de resolver los problemas del país africano, según ha informado el diario 'The Libya Herald'.

Así, ha expresado su apoyo total a los movimientos para alcanzar un consenso nacional basado en la última propuesta de la ONU, que ha sido aceptada por el Gobierno oficial y rechazado en principio por el Gobierno autoproclamado en la capital, Trípoli.

La delegación del Gobierno autoproclamado no viajó esta semana a la localidad marroquí de Sjirat, pese a que estaba previsto que se reanudaran durante la jornada del jueves las conversaciones para alcanzar una solución a la crisis política en el país.

El portavoz del Congreso General Nacional (CGN) y miembro de la delegación, Omar Hemidan, indicó que el viaje se celebrará esta semana, argumentando que era necesario extender el periodo de consultas sobre la última propuesta planteada por Naciones Unidas.

El anuncio fue formulado en medio de la creciente oposición en el seno del CGN a la participación en el diálogo, especialmente debido a la pérdida de peso del organismo contemplada en la citada propuesta.

El enviado especial de Naciones Unidas para Libia, Bernardino León, había señalado la importancia de la jornada del jueves, indicando que espera que las partes puedan llegar a un punto en común tras las consultas que han mantenido por separado esta semana.

La propuesta de la ONU solicita un Gobierno de un año mediante acuerdo nacional en el que el Consejo de Ministros, liderado por el primer ministro y dos viceprimeros ministros, tenga autoridad ejecutiva.

La Cámara de Representantes tendrá el poder legislativo, pero el acuerdo también incluye la creación de un Consejo Estatal de 120 miembros, formado por 90 miembros del Parlamento de Trípoli.

También se están abordando los acuerdos de alto el fuego, el desarme de los grupos armados, así como su retirada de las ciudades e instalaciones petroleras. Ambas partes están de acuerdo en principio con el acuerdo pero siguen sin coincidir en la autoridad de la segunda cámara, la legitimidad de la Cámara de Representantes y en quién debe controlar al jefe de las Fuerzas Armadas.