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Morales convocará una consulta para ser revocado o ratificado en el cargo

La crisis política boliviana ha dado así un nuevo giro que encamina al país a una consulta popular para revocar o ratificar el mandato de Morales, de su vicepresidente, Alvaro García Linera, y el de los nueve prefectos (gobernadores), la mayoría opositores.
Fue Morales quien, en diciembre de 2007, presentó el proyecto de ley sobre el referendo ante el Congreso Nacional cuando el país vivía una tensa situación relacionada con el proceso constituyente.
Esa propuesta, tras ser aprobada en la Cámara de Diputados, permaneció varios meses bloqueada en el Senado.
"Quiero reiterar mi posición de someternos al pueblo, que nos diga quién sirve y quién no para gobernar",  ha dicho el mandatario.
El presidente ha pedido que el Congreso le envíe cuanto antes la ley de convocatoria del referendo para promulgarla de inmediato.
En tres meses
Según la legislación boliviana, la consulta deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes al visto bueno del mandatario.
En este referendo se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo con "la continuidad del proceso de cambio" encabezado por Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, así como con la permanencia de los gobernadores.
La ley establece que para revocar los mandatos hace falta que el "no" supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios nacional y departamentales de 2005 -donde fueron elegidos Morales, su vicepresidente y los actuales prefectos-, como el número absoluto de votos que obtuvieron.
En el caso de Morales y su vicepresidente, quedarían revocados si el "no" a su continuidad es superior al 53,7 por ciento de apoyo que consiguieron en 2005 y al 1.544.374 votos que cosecharon.
En el caso de que los bolivianos decidieran revocar al presidente y vicepresidente, Morales debe convocar elecciones generales en un plazo de tres a seis meses.
Sin embargo, los prefectos tendrían que dejar su cargo de inmediato si su mandato no obtiene el apoyo suficiente y ser sustituidos por un gobernador interino designado por el presidente de la República.   LA