Naciones Unidas denuncia que todavía hay torturas y desapariciones forzadas en Burundi

Los expertos internacionales del comité de investigación de la ONU para Burundi han hallado indicios de torturas y desapariciones forzadas en el país africano, inmerso desde hace meses en una crisis política detonada por el presidente Pierre Nkurunzuza y que según Naciones Unidas todavía está lejos de terminar.

La victoria de Nkurunziza en las últimas elecciones de julio de 2015 -- a las que compareció a pesar de que la oposición denunció que era anticonstitucional --, abrió gravísimos episodios de violencia, ejecuciones, abusos y desapariciones forzadas instigados presuntamente por las fuerzas de seguridad burundesas, así como la detención de decenas de activistas contra el Gobierno.

Ahora, la llamada Investigación Independiente de Naciones Unidas sobre Burundi (la UNIIB, por sus siglas en inglés) registra una "calma relativa" en el país, que sin embargo "no debería confundirse con un final de la crisis", en palabras de uno de los tres expertos que han visitado el país, el relator especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Hayns.

"Uno de los avances más importantes desde principios de año ha consistido en el descenso significativo del número de ejecuciones", indicó Hayns en un comentario matizado por su compañero de investigación, el experto colombiano en procesos de reconciliación nacional, Pablo de Greiff.

"Esta calma", apuntó De Greiff, "no debería confundirse con estabilidad a largo plazo porque todavía existen graves preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos y no hay indicios de disminución de desapariciones forzadas o tortura. La impunidad sigue a la orden del día".

Además, los expertos denuncian que la mayoría de los presos políticos siguen en la cárcel y, peor aún, que las autoridades burundesas han extendido sus detenciones arbitrarias a la población civil, niños incluidos, por el mero hecho de pintar en sus libros escolares sobre el rostro del jefe del Estado".

"Algunos de ellos se enfrentan a condenas de entre cinco y diez años de cárcel", ha manifestado Heyns, mientras la experta en desplazados, la argelina Maya Sahli Fadel, ha expresado su "desconcierto" ante el "estado de caos en el que se encuentra la sociedad civil en Burundi, o lo que queda de ella", dada la suspensión en vigor sobre la mayoría de las ONG, "y las que pueden trabajar lo hacen en un clima de miedo e intimidación".

Estas son las informaciones preliminares del grupo de expertos, que enviará su informe final sobre Burundi al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2016.