Una ONG mexicana denuncia supuestos vínculos del nuevo gobernador de Guerrero con las FARC

"Es inadmisible que se ponga un Gobierno en manos de un criminal. Con esto, lejos de solucionarse la crisis de inseguridad en Guerrero se profundizará. Adicionalmente, se sentará un precedente atroz en el país, no solo de impunidad, sino de premiación política del crimen", ha destacado el presidente de la ONG, José Antonio Ortega, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a Aurelio Valdespino Ortiz, presidente de la Red Social por un México Libre de Adicciones y Rogelio Vázquez, de la Confederación Auténtica de Trabajadores.

El Consejo ya denunció a Ortega Martínez en marzo de 2009 ante la Procuraduría General de la República, sin que la entidad todavía les haya ofrecido una respuesta. Acusaban al actual gobernador de Guerrero de tener relación con las FARC y aportaban como prueba correos electrónicos que se conservaban en el ordenador del que fuera número dos de la guerrilla 'Raúl Reyes'.

En ellos se desvela que Ortega Martínez pidió en enero de 2002 a los representantes de las FARC en México 'Olga Marín' y 'Marcos Calarcá' un préstamo de 40.000 dólares y se comprometía a devolver 100.000, cuando se hiciese con el pago del rescate de un secuestro, además les facilitaría el acceso a las arcas de la Universidad Autónoma de Guerrero si salía elegido rector, ya que en aquel momento se encontraba inmerso en la campaña para hacerse con el cargo.

"Los correos no señalan el nombre de la persona secuestrada por Ortega Martínez y sus compinches, pero todo parece indicar que se trató de Luis Ávila Marbán, padre del diputado local del PRI, José Luis Ávila López. La víctima fue privada de su libertad el 17 de octubre de 2001 en Huitzuco, Guerrero y liberada el 26 de enero de 2002 tras el pago del rescate (transcendió que fue por un monto de un millón de dólares)", aseguraba el presidente de esta ONG en 2009, cuando hacía pública la vinculación de 31 mexicanos con las FARC.

OTROS NEXOS

A pesar de que Ortega Martínez ha negado estas acusaciones y las ha calificado de infamia, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ha asegurado que el actual gobernador de Guerrero ha mantenido vínculos con organizaciones de izquierdas que practicaban secuestros como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una organización que creen que podría estar detrás de las violentas protestas que se han dado en Guerrero en las últimas semanas.

"Se está cediendo ante las protestas que está montado el ERPI como la toma del Palacio (de Gobierno de Guerrero) y la Alcaldía (de Iguala). Se les está entregando el Gobierno a estos grupos ligados a las FARC", ha asegurado José Antonio Ortega.

Además, recuerdan que el recién nombrado gobernador de Guerreo mantenía una estrecha relación con 'Marcos Calarcá', uno de los jefes de las FARC, y que ha formado parte de la directiva de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ANR) que, fundada por el terrorista Genaro Vázquez Rojas, se dedicaba "a cometer secuestros, atracos y asesinatos".

"El nombrar a un secuestrador gobernador de Guerrero es pagar un precio muy alto por las negociaciones que hizo el Gobierno Federal para calma esta ola de violencia", ha destacado José Antonio Ortega.

Por ello, han reiterado la importancia de que el Senado apruebe la desaparición de poderes en Guerrero, como solicitó esta ONG hace dos semanas, al presentar 5.130 firmas que reclamaban que fuese esta Cámara la que nombrase un gobernador provisional.