Los jueces de la ONU avalan la legalidad de la independencia de Kosovo

El tribunal se ha pronunciado hoy finalmente, en un dictamen no vinculante, sobre la pregunta que la Asamblea de la ONU le remitió hace más de año y medio de si se ajustó al derecho internacional la declaración de independencia por las instituciones kosovares.

La provincia serbia de Kosovo se convirtió en un protectorado internacional en junio de 1999, después de una violenta campaña de limpieza étnica llevada a cabo por las fuerzas serbias del entonces presidente Slobodan Milosevic que fue detenida, mediante bombardeos aéreos, por las fuerzas de la OTAN.

Tras la intervención militar aliada, Belgrado perdió el control efectivo del territorio, pero nunca renunció a él, ni siquiera después de la democratización de Serbia.

Hoy, el tribunal de la ONU llegó a la conclusión, por diez votos a favor y cuatro en contra, de que la declaración unilateral de independencia por parte de las autoridades kosovares "no violó el derecho internacional".

Tras una hora y media de lectura, el presidente de la instancia judicial, Hisashi Owada, leyó la conclusión que, pese a no tener carácter jurídicamente vinculante, sí tendrá gran repercusión política, ya que puede impulsar a más países a reconocer al nuevo Estado.

La Unión Europea, que se ha implicado decididamente en la estabilización y transformación de Kosovo en un estado democrático y multiétnico, se encuentra profundamente dividida sobre la cuestión del reconocimiento.

Cinco países comunitarios -España, Grecia, Eslovaquia, Chipre y Rumanía- no lo han reconocido porque lo consideran un precedente desestabilizador y contrario a la legalidad internacional.

Pero según el tribunal, "no hay norma en el derecho internacional que prohíba la declaración de independencia", por lo que Kosovo no violó ninguna ley en su proclamación.

"La asamblea de Kosovo tenía poder para tomar decisiones que afectarán a su orden legal" y "actuó conforme al marco constitucional", apuntó Owada en la lectura de los fundamentos de derecho.

La Corte puntualizó no obstante que "la declaración de independencia del 17 de febrero de 2008 debe ser considerada en el contexto que llevó a ella", lo que significa que se trató de un caso muy singular.

Señaló asimismo que la declaración tampoco contravino la resolución 1244 de 10 de junio de 1999 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por la que se desplegó una presencia militar internacional y el territorio se convirtió en un protectorado de facto, en espera de la negociación de un estatuto definitivo.

El dictamen de la CIJ ha incluido tres votaciones separadas, sobre la jurisdicción del propio tribunal para dirimir el caso, sobre la decisión de redactar una opinión, y sobre el contenido de la opinión misma.

Las tres votaciones obtuvieron un resultado favorable, si bien la primera fue aprobada por unanimidad, la segunda por nueve votos a cinco y la última y trascendente por diez a cuatro.

En los antecedentes del hecho, el juez presidente recordó que "a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, muchos estados proclamaron su independencia sin que, en ningún caso, se pueda entender que contravinieran el derecho internacional".

Owada ha apuntado asimismo que en la primera mitad del siglo XX "se instauró el derecho de los pueblos a su independencia, especialmente para los pueblos que sufrían la opresión y explotación".

En las audiencias en La Haya han participado remitiendo sus opiniones fundadas tanto el propio Kosovo como una treintena de países de la ONU, entre ellos España, Estados Unidos y Serbia.

Hasta 69 países han reconocido a día de hoy a Kosovo -entre ellos Estados Unidos, Japón y 22 de los 27 miembros de la Unión Europea (UE)- pero siguen sin hacerlo otros países como España, Rusia, China, Brasil o la India.

Pristina proclamó la independencia respecto a Serbia el 17 de febrero de 2008, con la rotunda oposición de Serbia y tras varias rondas de negociaciones infructuosas entre las partes, con mediación internacional, sobre un estatuto de amplia autonomía.

Para Serbia, ese acto supuso una secesión por motivos étnicos y una violación del derecho internacional.

Belgrado insiste en que nunca reconocerá a Kosovo como país independiente "ni implícita ni explícitamente", mientras que Pristina afirma que su independencia no puede ser cuestionada jurídicamente y que sólo puede haber conversaciones con Serbia sobre asuntos prácticos y técnicos "entre dos países soberanos".