La ONU lamenta que muchos condenados por desapariciones y ejecuciones durante la dictadura "no van a la cárcel"

Una misión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias concluyó esta semana una visita de diez días a Chile, durante la cual, según el centro de prensa de la ONU, pudo constatar "avances importantes" en el número de procesos judiciales abiertos o concluidos por violaciones de Derechos Humanos ocurridas "durante la dictadura militar que imperó en ese país de 1973 a 1990".

Un experto de la delegación, Ariel Dulitzky, destacó, en declaraciones a la Radio Naciones Unidas, los importantes esfuerzos que Chile ha hecho por el esclarecimiento del tipo de violaciones que se cometieron durante ese período, así como en la compensación concedida a los familiares de las víctimas, que se estima asciende a más de 1.500 millones de dólares.

No obstante, según Dulitzky, a pesar de esos avances, aún quedan desafíos importantes por superar, sobre todo en el campo de la justicia, por lo que instó a las autoridades chilenas "a asumir una política global y coherente para atender a ese tipo de violación y a establecer una institución gubernamental que articule su tratamiento.

"Muchísimas personas que han sido condenadas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no cumplen una condena efectiva, no van a la cárcel, y para nosotros eso es una preocupación muy grande", lamentó Dulitzky.

Al respecto, el experto denunció que uno de los obstáculos en la aplicación de la justicia en los casos de desaparición forzada en Chile es la reticencia de las Fuerzas Armadas a aportar toda la documentación que podría ofrecer evidencias sobre esos casos.

Según las estimaciones del Grupo de Trabajo de la ONU, durante el régimen militar de Augusto Pinochet se registraron más de un millar de desapariciones forzadas.