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Querellas contra la ley que criminaliza a los 'sin papeles' en Arizona

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha justificado la medida en la gran cantidad de inmigrantes indocumentados que según ella hay en los EEUU. Foto: APtelecinco.es
Dos grupos hispanos se disponen a presentar sendas querellas contra una ley promulgada en Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado, mientras el Gobierno federal revisa la legislación por si supone una violación a los derechos civiles.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, puso el viernes su firma en la legislación que refleja la impaciencia de su Estado y otros por la falta de una política inmigratoria clara y firme del Gobierno federal que ha causado la presencia en el país de más de 12 millones de extranjeros indocumentados.
El presidente estadounidense, Barack Obama, que calificó ayer como "mal encaminada" la ley de Arizona antes que Brewer la promulgara, ordenó al Departamento de Justicia que estudie la norma para determinar si viola las leyes federales de derechos civiles.
La nueva disposición legal autoriza a las policías del estado a detener, interrogar y exigir documentos a las personas de que los agentes tengan razones para sospechar que son inmigrantes indocumentados.
El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por su sigla en inglés) indicó en un comunicado que la legislación "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país".
Maldef anunció que iniciará una querella contra ella.
Por su parte William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva ley en Arizona.
"Millones de latinos en todo el país están conmocionados", sostuvo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30.000 iglesias evangélicas en todo Estados Unidos, incluidos 300 pastores hispanos en Arizona.
La aprobación de la normativa la semana pasada en la legislatura de Arizona respondió al clamor de ciudadanos, especialmente cerca de la frontera de México, después que un ranchero fuera asesinado supuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas, en una región por donde cada año cruzan millones de extranjeros que ingresan ilegalmente a Estados Unidos.
"No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas", dijo Brewer después haber promulgado la ley. "Los ciudadanos en todo el país miran cómo Arizona aplica esta ley y hay quienes están listos a saltar ante la menor equivocación".
Los adversarios de la norma opinan que, en un estado donde hay más de 1,8 millones de hispanos (el 29 por ciento de la población de Arizona), entre ellos unos 420.000 inmigrantes indocumentados, es muy difícil que pueda aplicarse sin que la policía se enfoque en los latinos.
Una estipulación del nuevo texto legal prohíbe que la policía use "solamente" la "raza", es decir los rasgos físicos, la apariencia, para sospechar acerca de la situación legal de una persona, pero la ley no prohíbe que ese sea uno de los factores.
En protesta por la promulgación de la legislación, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración canceló su convención nacional programada para el otoño (boreal) en Arizona, al tiempo que ocurrían en Phoenix algunas manifestaciones callejeras.
Jesús Serrano, que trabaja para una compañía de camiones de carga con sede en Los Ángeles, dijo que él y unos 70 conductores se habían puesto de acuerdo para no transitar por Arizona en señal de rechazo a la ley.
Casi el 40 por ciento de las frutas y verduras importadas de México a Estados Unidos pasa por la ciudad fronteriza de Nogales, en Arizona, y Serrano advirtió de que la protesta de los camioneros podría crear una acumulación de productos en los depósitos de esa localidad.
"Una y otra vez los tribunales han determinado y han dejado bien claro que la autoridad para regular y aplicar las leyes de inmigración es de dominio exclusivo del Gobierno federal", afirmó Karen Tumlin, del Centro Nacional de Ley de Inmigración. "Esta ley viola el ámbito federal cuando trata de regular y aplicar la ley de inmigración".
Benjamin Johnson, director del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que la normativa es más vulnerable por el flanco de los derechos civiles, ya que puede motivar detenciones y registros personales ilegales simplemente debido a la apariencia de las personas.
La disposición legal requiere que los extranjeros en Arizona porten siempre sus documentos de inmigración y la policía probablemente va a detener e interrogar más a las personas de aspecto "hispano" que a las demás.