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Recolocados en sus puestos los dos fiscales que abrieron el caso por corrupción y sobornos

Los dos fiscales a cargo del caso por corrupción y sobornos que ha sacudido al Gobierno turco y ha provocado la dimisión de cuatro ministros han sido recolocados en otros puestos en medio de una nueva purga del sistema judicial que ha afectado a varias decenas de fiscales.
De esta manera, un total de 90 de los 192 fiscales del principal tribunal del lado europeo de la localidad de Estambul han sido despedidos o recolocados desde el nombramiento de Hadi Salihoglu como nuevo fiscal jefe de la ciudad el 21 de enero.
Sin embargo, las recolocaciones de Celal Kara y Mehmet Yuzgeç tienen una especial relevancia debido a su papel en la apertura del caso y las primeras etapas de las investigaciones, según ha recordado el diario turco 'Hurriyet'.
Kara ha estado al frente de las mismas desde el comienzo y fue el responsable de ordenar varias redadas el 17 de diciembre contra importantes empresarios cercanos al Gobierno y los hijos de tres ministros que posteriormente presentaron su dimisión. Por su parte, Yuzgeç ha estado involucrado en las investigaciones sobre funcionarios públicos vinculados con los sospechosos.
La decisión, que ha sido comunicada a los fiscales por correo electrónico, ha tenido lugar apenas un día después de que Kara se opusiera a la decisión de un tribunal de levantar la congelación de bienes que pesaba contra el empresario azerí Reza Karrab, uno de los principales sospechosos y figura con importantes lazos con el Gobierno.
A finales de diciembre, el fiscal de un segundo caso por corrupción, Muammer Akkas, fue también eliminado del caso de forma controvertida, tras lo que denunció "presiones" contra él después de ordenar detenciones y congelación de bienes a varios sospechosos.
El Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan se ha visto debilitado desde que a mediados de diciembre las autoridades del país detuvieron a destacados empresarios afines al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y los hijos de tres ministros, dos de los cuales permanecen bajo custodia.
El Gobierno ha cesado y reasignado desde entonces a cientos de policías, jueces y fiscales responsables de la investigación y además ha promovido una reforma judicial para transferir el poder de nombrar jueces y fiscales del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales al ministro de Justicia, lo que ha sido interpretado como un intento de limitar la independencia judicial en el país.
Pese a ello, Erdogan defendió la semana pasada que "nadie puede cuestionar" la necesidad de que haya separación de poderes. "Sin embargo estos poderes no pueden interferir en uno con el otro (...) o se pierde calidad democrática", insistió, agregando que "la judicatura no debe ir más allá de sus misiones definidas y mandato".