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El Supremo ratifica el acuerdo de delación que implica a Rousseff y Lula

El Tribunal Supremo de Brasil ha ratificado el acuerdo de delación alcanzado con el senador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) que ha vinculado a la presidenta, Dilma Rousseff, y al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la trama corrupta de Petrobras.
El alto tribunal ha anunciado este martes que ha decidido confirmar el acuerdo con Delcidio Amaral, por virtud del cual éste admite la culpa y devuelve 1,5 millones de reales (360.000 euros) a las arcas públicas a cambio de un trato favorable por información relevante sobre el caso.
Amaral fue detenido el 25 de noviembre y salió de prisión el 19 de febrero acusado de obstrucción a la Justicia por interferir en las pesquisas del grupo de trabajo de la Policía Federal dedicado a desgranar la red de cobro de sobornos a cambio de contratos de Petrobras.
En una declaración preliminar, publicada por la revista brasileña 'IstoÉ', sostuvo que Rousseff tenía "pleno conocimiento del proceso de adquisición de la refinería" de Pasadena, que supuso un perjuicio de 792 millones de dólares para Petrobras, según el Tribunal de Cuentas.
Amaral acusó a Lula de ordenar el pago de "mensualidades" a varios legisladores a cambio de apoyo político al Gobierno desde el Congreso, algo que se investiga en el caso 'Mensalao'. En concreto, confesó que el ex presidente le encargó que se ocupara de los ingresos periódicos a Néstor Cerveró.
Además, el 'petista' aseguró que tanto Rousseff como Lula intentaron interferir en las pesquisas sobre la petrolera estatal a través del entonces ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que ha sido relevado en las últimas semanas.
La confesión de Amaral precipitó los acontecimientos y poco después la Policía Federal de Sao Paulo detuvo brevemente a Lula para interrogarlo en relación a un tríplex de lujo que habría recibido como pago por las adjudicaciones de Petrobras.
La ofensiva judicial contra Lula ha disparado la presión popular sobre Rousseff para que dimita. El Gobierno se plantea incorporar al ex presidente como ministro para blindarle frente a las pesquisas y con él al resto del Ejecutivo.