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Veinte personas son condenadas a penas de cárcel en Xinjiang

Veinte personas han sido condenadas a penas de hasta quince años de prisión por tres tribunales de la región de Xinjiang, en el noroeste de China, tras ser declaradas culpables de delitos de terrorismo y separatismo, según han informado los medios estatales chinos este jueves.
Los tres tribunales, situados un las ciudades de Urumqi, Kashgar y Aksu, también han dictado sentencia por los delitos de fabricación de artefactos explosivos, fomento del extremismo religioso y conspiración para librar una "guerra santa", según ha informado el 'Diario del Pueblo', el periódico oficial del Partido Comunista de China.
Aunque el diario no ha precisado a qué etnia pertenecen los condenados, por sus nombres se puede deducir que son uigures, un pueblo musulmán que habla una lengua túrquica. A muchos uigures les molestan las restricciones que impone el Gobierno chino sobre su cultura y su religión.
El 'Diario del Pueblo' ha señalado que hay "una gran cantidad de pruebas que demuestran que los criminales acusados realizaron una meticulosa preparación de actividades terroristas violentas y crearon una organización terrorista formal".
"Compraron, produjeron y copiaron transmisores móviles, discos y publicaciones a través de los cuales promovían el separatismo, el extremismo religioso y el terrorismo violento y los extendieron activamente", ha destacado el periódico, que ha añadido que "algunos miembros de la organización terrorista fabricaron explosivos y llevaron a cabo explosiones de prueba".
El Gobierno chino atribuye la violencia en Xinjiang a musulmanes separatistas que quieren establecer un Estado independiente llamado "Turquestán Oriental". Algunas autoridades han acusado de los ataques a milicianos musulmanes entrenados en Pakistán.
Sin embargo, muchas organizaciones de Derechos Humanos consideran que Pekín exagera la amenaza para justificar el estricto control que ejerce sobre la región.
Dilxat Raxit, portavoz del Congreso Uigur Mundial, ha afirmado que el Gobierno ha politizado los casos por los que se ha condenado a 20 personas y ha utilizado el terrorismo como excusa para castigar a los uigures que no apoyan el sistema político actual. "El objetivo es aterrorizar a los uigures para que renuncien a sus derechos", ha dicho en un comunicado.