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El asesinato de Cox afina los argumentos sobre inmigración en el debate por el 'Brexit'

El Gobierno carece de respuestas para el libre movimiento y el frente pro-Brexit cree que la solución es romper
El vínculo establecido entre el crimen de la diputada laborista Jo Cox y posicionamientos de extrema derecha y cierre de fronteras ha elevado al extremo uno de los factores que podría decantar el referéndum sobre la continuidad de Reino Unido en la Unión Europea: la inmigración, y ha "tamizado" los argumentos más gruesos y simplistas en favor de un debate más profundo.
El apoyo claro de la parlamentaria asesinada a los derechos de la población foránea, tanto la comunitaria como la de fuera de los Veintiocho, junto a su reconocida militancia proeuropeísta se consolida como un elemento más de la campaña, puesto que el líder del UKIP y uno de los principales defensores del 'Brexit', Nigel Farage, ha acusado al primer ministro, David Cameron, de emplear el salvaje ataque a favor del bando de la permanencia.
La constatación que empieza a tomar forma en las encuestas de que la tragedia del pasado jueves pesaría en el imaginario del votante ha puesto en alerta al frente a favor del divorcio, que ha reconocido por medio de Farage que el "impulso" que habían experimentado hasta entonces ha quedado interrumpido.
No en vano, la subida de temperatura de la campaña fue pareja a la del aumento de protagonismo del factor inmigración, tras semanas en las que las consecuencias económicas del Brexit habían dominado el debate. Una vez que el contingente a favor de separarse de Bruselas logró introducirlo a pie de calle, ensordeciendo las estadísticas económicas de 'Stronger In' (Más Fuertes Dentro), sus posibilidades se dejaron notar en la demoscopia.
ELEMENTO COMÚN
El elemento común entre los electores que han decidido ya que votarán 'no' es la inquietud por el incremento de población foránea y el descontento con la gestión de un Gobierno que, en 2010, había prometido reducir la diferencia entre los que entran y los que salen por debajo de 100.000. Las cifras no ayudan: el total actual, 330.000, es el segundo más alto y, para polarizar aún más posiciones, en el caso de los comunitarios ha alcanzado un récord, 184.000.
Como consecuencia, frente a los complejos cálculos de los partidarios de permanecer en la UE y sus advertencias de que salir de la UE implicará recesión y más austeridad, sus oponentes contraatacaron con un arma fácil de entender para el electorado y que constituye el talón de Aquiles de David Cameron, como ha tenido la oportunidad de comprobar en las sucesivas intervenciones durante la campaña, en las que tuvo que lidiar con audiencias marcadamente hostiles que demandaban explicaciones que el primer ministro no ha podido facilitar.
Su apuesta para este jueves, continuar en el bloque comunitario, impide controlar los flujos procedentes del continente, por lo que le resulta prácticamente imposible ofrecer garantías. Como contrapunto, su estrategia sigue centrada en la conveniencia de continuar en el mercado común, una pertenencia que, inevitablemente, conlleva el libre movimiento de personas con el que un amplio sector de la población está en desacuerdo.
ARGUMENTOS Y DISENSIONES
Uno de los argumentos del frente pro-Brexit es que romper mejorará las perspectivas laborales para los británicos, como consecuencia de una reducción de la inmigración. Sin embargo, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR), la caída de la población foránea mermaría el tamaño de la economía británica y haría más pobres a sus ciudadanos.
El NIESR estima que una disminución de dos tercios de la inmigración significaría una economía un 9 por ciento menor en 2065. No en vano, según el Gobierno, la contribución tributaria de los ciudadanos del Área Económica Europea que más recientemente han cruzado el Canal fue de 3.000 millones en materia de impuestos, frente a los 500 millones que recibieron en prestaciones.
DATOS OFICIALES
Según datos de la ONU, actualmente hay tres millones de ciudadanos comunitarios afincados en Reino Unido, frente al 1,2 millones de británicos esparcidos por los demás miembros de la UE. Aunque por su pasado colonial Reino Unido ha constituido tradicionalmente un país receptor, desde la ampliación del bloque en 2004 la reticencia contra la inmigración ha aumentado, puesto que el flujo repentino de trabajadores del Este se consideró un catalizador para la caída de sueldos.
Las concesiones obtenidas por el primer ministro el pasado mes de febrero en Bruselas en torno a la limitación de las prestaciones apenas han sido tenidas en cuenta para el cada vez mayor contingente que desconfía del libre movimiento de personas. Sin embargo, los números oficiales indican que los extranjeros han contribuido más de lo que han recibido en beneficios sociales: datos de la Agencia Tributaria británica de 2013-14, los más recientes, evidencian que la diferencia es de 2.500 millones de libras.
De hecho, de los controvertidos 'tax credits', el complejo sistema de complemento de sueldo para los bajos salarios, tan sólo una de cada diez ayudas ha sido para ciudadanos comunitarios, que constituyen el 6 por ciento de la masa laboral británica. Los últimos datos disponibles evidencian que del erario británico salieron 700 millones de libras para pagas de desempleo y de ayuda a la vivienda a ciudadanos del Área Económica Europea.
PROPUESTA DE CAMERON
La clave ofrecida por Cameron para la permanencia, el acuerdo obtenido en febrero con los demás líderes, plantea una fórmula "gradual", es decir, aunque las ayudas se limitarán durante un cuatrienio, se irán otorgando paulatinamente a medida que los ciudadanos comunitarios permaneciesen en Reino Unido. Con todo, Londres tendrá que demostrar que, efectivamente, la dotación de beneficios como los complementos de sueldo para los bajos salarios representa una presión insostenible para el sistema de bienestar británico.
Además, después de que Cameron renunciase en Bruselas a su ambición de introducir un veto al envío de ayudas por hijo al país de origen, la propuesta alternativa limitará el montante para adaptarlo a la de los estándares de vida del lugar de procedencia. Además, a partir de 2020, las restricciones se aplicarán a solicitantes existentes.