Las autoridades ejecutan a tres personas condenadas por el secuestro de un avión en 1998

Los condenados secuestraron un avión de la aerolínea Pakistan International Airlines (PIA) que cubría la ruta entre Turbat y Karachi apenas unos días después de que Islamabad llevara a cabo sus pruebas nucleares.

Los tres hombres, que pertenecían a la Organización de Estudiantes Baluches, fueron arrestados después de que el Ejército y las fuerzas especiales irrumpieran en el avión tras su aterrizaje forzoso en Hyderabad.

Los secuestradores intentaron desviar el avión a Nueva Delhi, si bien el piloto aseguró que el avión no tenía combustible suficiente para cubrir la ruta y les hizo creer que aterrizaría en otro lugar de India.

Por otra parte, otros cuatro presos que se encontraban en el corredor de la muerte han sido ejecutados a primera hora del día en cárceles de Sahiwal, Haripur, Sargodha y Karachi.

Las autoridades han ejecutado a más de un centenar de personas desde que el primer ministro, Nawaz Sharif, retiró la moratoria a la pena de muerte en diciembre de 2014.

Sharif anunció su decisión tras un atentado ejecutado por los talibán paquistaníes contra una escuela de la localidad de Karachi (sur), suceso que se saldó con la muerte de 141 personas, entre ellas 132 menores de edad.

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Pakistán expresó a mediados de marzo su preocupación por las últimas ejecuciones en el país y por la decisión del Gobierno de aplicar también la pena capital a los condenados por delitos no relacionados con el terrorismo.

"Se ha informado de que entre los ejecutados habría personas que eran menores de edad cuando se cometió el delito. Según algunas estimaciones, hay más de 8.000 presos en el corredor de la muerte", indicó a través de un comunicado.

Por ello, solicitó al Gobierno del país centroasiático que "vuelva a poner en marcha su moratoria (a la pena capital) lo antes posible". "Estamos dispuestos a apoyar en el proceso de fortalecimiento del sistema judicial en caso de que se nos pida ayuda", remachó.

A mediados de abril, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión de las penas de muerte dictadas por los tribunales militares establecidos este año tras el aumento de la violencia islamista, que han generado suspicacias en cuanto a su imparcialidad y el alcance de los poderes de los militares.