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Diputados socialistas franceses proponen a Valls un programa de recortes alternativo

Manuel Valls congela los sueldos de los funcionarios, las pensiones y las prestaciones socialestelecinco.es

Un grupo de diputados del Partido Socialista francés se ha sumado este lunes al descontento por el nuevo plan de recortes anunciado por el primer ministro, Manuel Valls, y ha planteado distintas vías para evitar lastrar el poder adquisitivo de las rentas medias y bajas en los próximos años.

Los once legisladores díscolos, miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional gala y encabezados por Karine Berger, han entregado este lunes al presidente del grupo parlamentario socialista, Bruno Le Roux, y a la nueva relatora general de presupuestos, Valérie Rabault, su propio plan. Plantean "otra vía de ahorros", según el documento recogido por 'Le Monde'.
"El poder adquisitivo de los franceses ya se ha visto afectado por los esfuerzos presupuestarios, no es posible pedirles más", han dicho los firmantes, que han hecho hincapié también en los "esfuerzos" asumidos en los últimos años por "los hogares con rentas medias y bajas". También han alertado de que, si bien marcar un límite de ahorro está bien, este tipo de objetivos "no deben ir en contra de la recuperación económica y del empleo".
El programa de Valls, que establece un recorte del gasto público de 50.000 millones en los próximos tres años, plantea una reducción del déficit de 28.000 millones gracias a un plan de aumento de impuestos a hogares y de reducción para empresas.
Los tres planes presentados este lunes por los diputados mantienen el objetivo de reducción del déficit en 28.000 millones, pero proponen, por ejemplo, aplicar progresivamente las rebajas fiscales a empresas, de tal forma que los grandes grupos no se vean beneficiados hasta 2016. Esto permitiría 3.000 millones adicionales en 2015 y evitaría congelar las prestaciones sociales.
El segundo escenario plantea retirar los descuentos fiscales aplicados a las empresas para dejarlos al nivel de 2014, lo que daría como resultado la liberación de 3.000 millones de euros, la no congelación de las pensiones y el aumento del 1 por ciento de los sueldos a los funcionarios.
El tercer y último plan incluye una reducción de la carga impositiva sobre las empresas de 38.000 a 33.000 millones de euros, así como una mayor lucha contra el fraude fiscal. De adoptarse este programa, según los firmantes del manifiesto, en 2017 podrían igualarse los impuestos de sociedades a las pymes y a los grandes grupos.
Este tercer plan prevé una reducción del ahorro de 2.000 millones de euros para organismos públicos y la misma cantidad en materia de impuesto sobre la renta, en un escenario donde tampoco se congelarían las prestaciones y los sueldos dependientes de la Administración subirían un 1 por ciento.
Contrarreloj
Rabault, a quien corresponde una labor de mediación, ha admitido que existe una oposición "muy clara" en ciertos sectores al plan anunciado por Valls tras su designación como primer ministro. El objetivo del Gobierno es encontrar "un punto de equilibrio entre el Ejecutivo y la mayoría" parlamentaria.
Sin embargo, el tiempo apremia. Al malestar expresado en los últimos días por miembros del ala más a la izquierda del Partido Socialista se suma un calendario que avanza inexorablemente hasta el 29 de abril, fecha en la que está fijada la primera votación del plan en la Asamblea Nacional.