La empresa de Fernández de Kirchner habla de una "operación de prensa" tras su registro

En su comunicado, la empresa ha recalcado que los datos contables entre los años 2009 y 2013 "han sido confeccionados, auditados y legalizados ante el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", según ha recogido la agencia estatal argentina de noticias, Télam.

Asimismo, ha asegurado que "ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas por dichos periodos", descartando tener deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Sin embargo, ha reconocido una "demora en la formalización de trámites administrativos" respecto a su cambio de domicilio legal, si bien ha reiterado que "resulta más que evidente que el mismo está en Santa Cruz, como es de conocimiento general".

"Lo que aquí pretenden presentar como delictivo es un trámite de inscripción ante la IGJ (Inspección General de Justicia), que es el 'domicilio de la sociedad', domicilio que determina la jurisdicción en la cual queda sometida la sociedad, no siendo dicho domicilio donde habrá de funcionar la dirección y administración de la sociedad. Concepto legal que ningún abogado puede ignorar, y menos aún, un juez", ha afirmado.

Por ello, Hotesur ha asegurado que "la demora en la formalización de trámites administrativos, cuyo incumplimiento podría llegar como máximo a una multa de 3.000 pesos (alrededor de 284 euros) (...) desenmascara la operación de prensa que se ha montado por esto".

Así, la empresa ha hecho hincapié en que el caso ha sido publicado "de forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al Gobierno", recordando que llegó en consonancia "a una inmediata denuncia de un miembro de la oposición".

Este mismo domingo, el jefe de Gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, ha acusado a la Justicia de "golpismo activo" por el registro que se efectuó en Hotesur. De esta forma, ha denunciado un "ataque despiadado" contra el Ejecutivo mediante "denuncias falsas" que se traduce en "una clara persecución política de hostigamiento judicial".

Para Capitanich esta ofensiva contra la Casa Rosada "tiene una pata mediática instalada desde el arco opositor y una pata ejecutora llevada adelante por jueces que hostigan al Gobierno y a sus funcionarios".

"No se necesita ningún allanamiento judicial porque la actividad de Hotesur es clara y transparente", ha afirmado, explicando que, en cualquier caso, si se quería hacer un registro se podría haber hecho mediante "una solicitud formal".