Siete organizaciones presentan la quinta denuncia contra España por la venta de armas ilegales a Marruecos

"Conjuntamente, con otros compañeros de otras ONG y de una asociación saharaui, hemos venido un año más al Ministerio de Economía para denunciar la venta de armas a un país que viola los Derechos Humanos. Marruecos ocupa ilegalmente un territorio y diariamente viola los Derechos Humanos de los saharauis, tortura, detiene y priva de libertad", ha explicado el presidente de la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sáhara), José Taboada, que ha pedido al Gobierno que "deje de violar los Derechos Humanos".

Simultáneamente, en los campamentos saharauis y en Madrid, han recordado que aunque el Ejecutivo español ha suspendido la venta de armamento a Libia desde 2011 y a Egipto y Taiwán desde 2013, esta suspensión no está afectando al Sáhara. "Siempre han hecho caso omiso a las peticiones de auxilio de la población saharaui, país del que España es potencia administradora según ratificó el pasado mes de julio la Audiencia Nacional", han subrayado.

"El Gobierno español ha dado carpetazo a las denuncias que anualmente desde 2010 presentan las organizaciones civiles e ignoran los informes de Naciones Unidas, la Unión Europea" y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han explicado.

Coincidiendo con el 39 aniversario de la Marcha Verde --movimiento con el que comenzó la ocupación del Sáhara Occidental por entonces español por parte de Marruecos-- han denunciado que con la venta de armas a Marruecos el Gobierno español vulnera la legislación que prohíbe dichas exportación en los casos que existen "indicios racionales" de que el armamento se pueda utilizar para llevar a cabo "acciones de represión internas o situaciones de violaciones de Derechos Humanos".

Según ha explicado Eduardo Melero, de Justicia i Pau, en los últimos 20 años España ha vendido material de defensa a Marruecos por valor de 250 millones de euros. "Entendemos que estas exportaciones son contrarias a la legislación española y la posición común de la Unión Europea porque se están realizando a un país que viola los Derechos Humanos y a un país que está en conflicto con el Sáhara".

Además de CEAS-Sáhara, desde Madrid han firmado la denuncia Justicia i Pau, la Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara occidental (REMMSO), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental y el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. Desde el campamento de refugiados de Tinduf (Argelia), la Asociación Andaluza de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y la Asociación de Familiares y Presos Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), acompañados por el Coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo.

MINAS ANTIPERSONAS

Otro de los problemas fundamentales que han querido resaltar es la existencia de minas para la defensa del muro que divide el territorio saharaui, un muro que, según ha dicho Taboada, "impide a las familias comunicarse".

En total, se estima que existen unos siete millones de minas, algunas españolas y otras francesas e italianas, que convierten al Sáhara Occidental en uno de los territorios más minados del mundo.

Gaici Nah de REMMSO ha explicado que las minas "afectan a toda la población privándoles de la libre circulación y provocando más miedo y terror y miles de víctimas".

Como saharaui "he venido aquí a denunciar que mi pueblo lleva desde 1975 sufriendo una invasión marroquí y para que la comunidad internacional aplique su labor para terminar con esta situación". Además ha subrayado que "la propia Europa está violando sus derechos porque está dando mantenimiento a un Ejército que está ocupando ilegalmente un territorio".

"Esperamos que España asuma más su responsabilidad, esperamos que Naciones Unidas se tome en serio la situación del pueblo saharaui" porque, según ha defendido, "está haciendo una lucha pacífica y reivindicando los derechos amparados por las diferentes resoluciones de la ONU y el Consejo de Seguridad".

Por último, Taboada ha subrayado que "es una vergüenza que en el siglo XXI se siga manteniendo un territorio por la fuerza". "Creemos que la ONU tiene que imponer una solución pacífica y que el Gobierno español debe ayudar", ha añadido. Y es por ello por lo que junto a la denuncia, presentarán en Tinduf un documento con todas las actuaciones ilegales que, según ellos, el Gobierno español ha cometido a lo largo de la historia en relación a la venta de armas a Marrueco, con la intención de que llegue hasta las manos del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.