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Al menos 200 personas han sido asesinadas en 2016 por proteger sus tierras

La ONG Global Witness responsabiliza de la mitad de esas muertes a Policía, Ejército y fuerzas paramilitares o de seguridad
Al menos 200 personas han muerto en 24 países de todo el mundo por intentar proteger sus tierras y su entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria, según ha denunciado la ONG Global Witness en una lista encabezada por Brasil, y en la que asegura contar con pruebas sólidas de que la Policía y el Ejército estuvieron detrás de al menos 43 homicidios y que guardias de seguridad y sicarios fueron responsables de al menos 52 muertes.
"La despiadada lucha por la riqueza natural del Amazonas hace que Brasil sea, una vez más, el país más mortífero del mundo según el número total de asesinatos, aunque Honduras sigue siendo el más peligroso, considerando el número de asesinatos per cápita durante la última década", apunta la ONG en su informe.
La ONG destaca sin embargo a Colombia, con 37 asesinatos, máximo histórico. "Pese a, o tal vez, debido a, el acuerdo de paz firmado recientemente entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC", por el que las áreas entregadas por la guerrilla "ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares, mientras que las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante medio siglo de conflicto".
La ONG destaca además a países como Filipinas, donde la industria se encuentra detrás de los 28 asesinatos registrados durante 2016 en todo el país, Nicaragua, bajo la amenaza de un canal interoceánico cuyo levantamiento ha provocado malestar social y represión violenta (11 muertos) o el continente africano entero, especialmente RDCongo, donde la defensa de los parques nacionales es ahora más arriesgada que nunca (una decena de fallecidos).
"Y esto no es un problema que se limita a sólo un rincón del planeta. Los países desarrollados están impulsando otros métodos para reprimir a las y los activistas, especialmente en Estados Unidos, donde la administración Trump provoca a las personas defensoras del medio ambiente de tal manera que tienen todas las razones para manifestarse", ha aseverado la ONG.
Cada vez es más evidente que, a nivel mundial, los gobiernos y las empresas están fallando en proteger a las personas activistas en riesgo. Están tolerando un nivel de impunidad que permite a la gran mayoría de los perpetradores caminar libremente, alentando a potenciales asesinos. Los inversionistas, incluyendo a los bancos de desarrollo, están alimentando la violencia al respaldar proyectos que atentan contra el medio ambiente y menoscaban los derechos humanos.
En Defender la Tierra se instan a tomar medidas para abordar las causas principales del riesgo, apoyar y proteger a las personas defensoras, garantizar rendición de cuentas por los abusos cometidos y que los actores que no apoyan ni protegen a las y los defensores, se enfrenten consecuencias por su falta de acción.