La AJFV defiende los pagos a los jueces al no existir la "más mínima irregularidad"

La Asociación de Jueces Francisco de Victoria (AJFV) ha defendido este viernes los pagos que reciben varios jueces y juristas de la región por parte de Indra al no existir la "más mínima irregularidad", aseverando que se ha inflado un escándalo que, cual azucarillo en agua hirviendo, ha quedado ya disuelto, ha informado la asociación en un comunicado.

Sobre este asunto, el colectivo ha destacado que las informaciones publicadas al respecto han venido a sembrar "la duda" sobre la compatibilidad de los pagos, lo que ha llevado a ser tomadas en consideración por la Comisión Permanente del CGPJ.

Tras recordar que el cargo de juez es compatible con la creación científica y técnica, ha reseñado que "la implantación de un sistema informático a utilizar por los jueces debe contar, como parece obvio, con la indispensable colaboración de estos en la confección de documentos, plantillas y en el testeo del sistema a implantar".

"Es una labor ajena a la propiamente judicial y absolutamente compatible. De hecho, la Sala de Gobierno del TSJM hizo en este caso una convocatoria pública para todos los jueces y magistrados que pudieran estar interesados en colaborar, designó a los que entendió más aptos y lo comunicó al Consejo General del Poder Judicial", ha recalcado.

Por consiguiente, según ha reseñado la asociación, "no ha existido ni la más mínima irregularidad sino un proceso abierto, público, transparente y documentado que ha sido presentado de manera claramente tendenciosa, ocultando a la opinión pública estos datos con tal de que no arruinen un buen titular".

Además, ha criticado que se ha interpretado por algunos editorialistas que el hecho de que un juez reciba pagos de una empresa privada "compromete su independencia". "No entendemos, si tal es su criterio, que esos editorialistas (que predican de independencia) escriban en y cobren de medios que contienen publicidad de numerosas empresas privadas (y públicas)", ha indicado.

Seguidamente, ha recordado que todos los Jueces de lo contencioso-administrativo cobran del Estado, sin que tengan "la noticia de que a ningún periodista se le haya ocurrido hasta la fecha que eso vaya a comprometer la independencia de tales jueces que ventilan pleitos a favor y en contra de la Administración".

"En definitiva, se ha inflado un escándalo que, cual azucarillo en agua hirviendo, ha quedado ya disuelto: pero el mal hecho a los afectados y el daño causado a la imagen del Poder Judicial permanecerán", ha añadido.

Y ha incidido en el hecho de que ello ha contribuido no poco la intervención de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros se han dejado a su juicio "llevar por el sensacionalismo y se han apresurado a excitar la actuación del Promotor de la Acción Disciplinaria sin consultar sus propios archivos".

Así, ha recordado que la información se ha abierto a pesar de que uno de sus vocales, Gerardo Martínez Tristán, pertenecía a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando se adoptó el acuerdo.

"Sería deseable, por ello, que en lo sucesivo, ante la aparición de este tipo informaciones, lo primero que hiciera el Consejo General del Poder Judicial no sea excitar al Promotor de la Acción Disciplinaria, sino informarse debidamente antes de adoptar ninguna decisión. Con ello se evitarían de una tacada actuaciones innecesarias en el plano disciplinario, titulares sensacionalistas en el plano periodístico y, lo que es más importante: la sensación generalizada de que los miembros de la Comisión Permanente no saben muy bien qué se traen entre manos", ha concluido.