Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

AMPl- La Fiscalía rebaja la pena a 4 años y 3 meses a los acusados del ataque a la Web de la Junta Electoral

Las defensas piden la libre absolución al sostener que no está acreditado el delito de daños y cuestionan la investigación
El Ministerio fiscal ha rebajado la petición de condena a los tres acusados del ataque informático a la Web de la Junta Electoral Central en mayo de 2011 por el tiempo transcurrido desde la detención, casi cinco años, al tiempo que ha retirado la atenuante de confesión a uno de ellos, por haber rectificado su declaración y negado los hechos durante el juicio oral.
En concreto, pide para cada uno de ellos un total de cuatro años, tres meses y 17 días de prisión, el pago de una multa de 1.400 euros e indemnizar, en este caso conjuntamente, en 700 euros al Congreso, donde se alojaba la Web de la Junta Electoral Central. Inicialmente pedía cinco años de prisión y multa de 4.200 euros, para el acusado al que se le aplicaba la atenuante y 5 años y 4 meses de cárcel y multa de 5.600 euros a los otros dos.
Así lo ha indicado durante la segunda sesión de la vista oral del juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, en la que el fiscal ha solicitado siete meses y 16 días por el delito continuado de daños, que ha sostenido que quedó acreditado, y tres años, ocho meses y un día por el de pertenencia a grupo criminal, que ha diferenciado de asociación delictiva.
El fiscal se ha basado en las declaraciones de los policías que participaron en la investigación, y ha negado que el agente que participó en los 'chat' de Internet para conseguir la identificación de los acusados incitara a delinquir, sino que utilizaba su jerga para ganarse su confianza.
También ha defendido que la actuación de los acusados encaja en la conducta delictiva que el Código Penal prevé para pertenecer a un grupo criminal. Según el Ministerio Público, los procesados se pusieron de acuerdo para obstaculizar la Web de la Junta Electoral, que aunque no se cayó de forma definitiva o continuada, sí lo estuvo "medio paralizada", ha asegurado. Ha incidido, asimismo, en que la acción es doble grave, por el daño hecho y por la institución a la que se hace, siendo próximas las elecciones locales y autonómicas.
Además, ha rechazado que uno de los acusados, J.M.Z.F., declarara "coaccionado" bajo amenazas de que se le iba a poner un mono naranja como los que se usan en Guantánamo y ha dejado claro que esta fue "perfectamente válida".
Respecto a otro de los procesados, R.T.S., le ha atribuido ser el titular del servidor que facilitó la infraestructura para el ataque pero también el haber animado a participar en el mismo, a través de un Tweet. El fiscal ha remarcado que hay "indicios claros" de ser quien actuaba bajo el nick de 'NedNuller'.
En cuanto al tercer acusado, Y.D.L.I., ha resaltado que se encontró en su ordenador una carpeta llamada 'ataques' y que hacía investigaciones de la vulnerabilidad de páginas Web, lo que hizo, esto último, para facilitar el ataque.
NINGUNA PRUEBA
Por parte de la defensa de R.T.S, el abogado, David Maeztu, ha asegurado que no hay "ninguna" prueba que relacione a su cliente con el ataque, como tampoco se produjo, a su juicio, "ningún daño". Además, ha recalcado que nada relaciona a su cliente con los otros dos procesados.
Ha cuestionado, asimismo, la validez de la prueba de los volcados informáticos. "Decidieron que mi cliente era culpable y ya no había nada más que investigar", se ha quejado sobre la Policía, a la que ha acusado de un "ataque brutal y desproporcionado" contra su defendido.
En cuanto al letrado Miguel Capuz, que defiende a J.M.Z.F., ha puesto en duda igualmente la validez de las pruebas policiales y la cadena de custodia de los equipos informáticos. A esto ha sumado que, a su juicio, el consentimiento voluntario para acceder a los equipos informáticos de su defendido no es válido por no estar presente su abogado.
Ha remarcado, también, que el denunciante del ataque a la Web de la Junta Electoral no ratificó la denuncia ni compareció en el juzgado, como tampoco se invitó a hacerlo a otras organizaciones sindicales y políticas que habían sido atacadas o se había anunciado que iban a serlo, como es el caso de UGT o de PSOE, PP y CIU.
Ha incidido, además, en que en todo caso habría que hablar de falta de daños y no delito y ha enfatizado que 'Anonymous' nunca reivindicó el ataque. Es más, ha señalado que el responsable TIC del Congreso no acusa a 'Anonymous' y tampoco se miró el contenido de los correos electrónicos.
También ha resaltado que no se ha hablado de 'dolo' en el juicio, es decir, el motivo por el que e hizo. Y aunque ha apuntado que el daño acreditado es "cero", ha indicado que su cliente ha consignado ya 312 euros para que, en caso de condena, se tenga considerado como atenuante de reparación del daño causado.
RESPONSABILIDAD POLICIAL
Respecto al tercer acusado, Y.D.L.I., su abogado Carlos Sánchez Almeida ha defendido la inocencia de su cliente y ha achacado el caso a una operación policial organizada con la finalidad de destruir la imagen de la revuelta del 15-M y criminalizar el movimiento.
Ha negado, en esta línea, que se produjera un ataque a la Web de la Junta Electoral, sino que "esta película va de control social", ha asegurado. Ha acusado a la Policía que participó en el caso, incluso, de mentir y de tener "memoria selectiva", al tiempo que ha mostrado su preocupación por que la Brigada Tecnológica de la Policía estuviera en manos de agentes que no dicen la verdad.
Es más, ha sostenido que se hizo una investigación "a medida" para destruir la imagen de los acusados y criminalizar a todo el colectivo del 15M. Es por ello, que ha dicho causarle "absoluta repugnancia" la actuación del policía que participó en el 'chat' para identificar a los acusados y ha adelantado que estudiará, en función de la sentencia, emprender responsabilidades disciplinarias e incluso penales contra los agentes y, especialmente, el comisario jefe de la Brigada Tecnológica en aquella época.
En cuanto a la acusación a su cliente, ha indicado que si por tener una carpeta llamada 'ataques' en su ordenador y por estudiar la vulnerabilidad de web es culpable, él también lo era. "Me autoinculpo de ese delito", ha ironizado, para después atribuir el bloqueo de la Web de la Junta Electoral al descontento de los 'indignados' ante la "cacicada" de la Junta Electoral de prohibir as acampadas del 15M. Según él, ante esa "cacicada" respondieron mandando correos a la Junta Electoral Central.
Ha recalcado, además, que para que haya delito de daños debe ser permanente y grave, mientras que ha incidido en que no puede haber delito de pertenencia a grupo criminal si no se conocían entre ellos.
Durante el juicio, además, el abogado Carlos Sánchez Almeida, ha llamado la atención sobre que la investigación policial que dio pie a la detención de los tres acusados se inició antes de que los ataques informáticos se consideraran delito en el Código Penal.
Así lo ha hecho después de que el agente del Cuerpo Nacional de Policía instructor del caso haya explicado que la investigación se inició en diciembre de 2010 con una denuncia del Ministerio de Cultura por un ataque informático, a partir de la cual se comenzaron a monitorizar diversos 'chat'. Asimismo, ha señalado que es "prácticamente imposible" conocer quién orquesta el ataque informático 'a postiori'.