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Acuamed rechazó que la Abogacía del Estado asumiera la denuncia por irregularidades y la encomendó a un bufete privado

La sociedad estatal Acuamed rechazó la propuesta formulada por representantes de la Abogacía del Estado para que fueran los servicios jurídicos estatales los que asumieran la tramitación de las denuncias sobre "graves irregularidades" en el organismo presentadas por uno de sus directivos, Francisco Valiente.
Según se desprende de la declaración del abogado del Estado que actuaba como coordinador del convenio con la empresa pública dependiente de Agricultura, Pablo Fernández, los máximos representantes de la empresa declinaron el ofrecimiento y encomendaron a un bufete de abogados privado la cuestión.
A preguntas de la fiscal anticorrupción Inmaculada Violant, el testigo aseguró que "lo lógico" hubiera sido que la Abogacía del Estado asumiera la cuestión desde el principio. "Se lo dijimos a todo el mundo: creemos que somos nosotros los que debemos llevar un asunto de esta envergadura".
"¿Y eso no le hizo sospechar? Valiente ha ido y ha denunciado a la mitad de los altos cargos de la administración, ustedes dicen que creen que deben ocuparse de la cuestión y ¡les dicen que no!", pregunta la fiscal a lo que el testigos responde: "la sociedad es soberana y es ella la que debe decidir".
Se da la circunstancia de que el exdirector general de Acuamed y principal imputado en la trama, Arcadio Mateo, pidió el cese de este testigo, que se ocupaba de labores de asesoramiento jurídico y consultoría. "No quise irme porque no me dió la gana", dijo Fernández en la declaración.