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La juez Alaya dice que Dhul pagó una "dádiva" de 6.960 euros a Guerrero por "favorecer" a la empresa

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que la empresa Dhul pagó "a modo de dádiva o recompensa" un total de 6.960 euros al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero mediante una "factura falsa" abonada a Lógica Estrategia Empresarial, empresa de la que era titular el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.
La juez Mercedes Alaya ha realizado esta imputación este jueves a Álvaro Ruiz-Mateos, hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos y administrador único de Dhul; al exdirector comercial de Dhul, Rafael Carvia, y al que fuera apoderado y director general de la empresa, Carlos Santandreu.
Según el texto de su declaración, al que ha tenido acceso Europa Press, Álvaro Ruiz-Mateos ha asegurado que "podría poner la mano en el fuego" por que Dhul "no le ha pagado esta cantidad a este señor", en relación a Trujillo, el cual "no sabe quien es", mientras que ha dicho desconocer si se ha pagado alguna otra cantidad a Guerrero, el cual "no tiene ninguna relación con la familia".
La juez ha imputado a Álvaro Ruiz-Mateos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, y cohecho, entre otros, pues considera que, siendo administrador único de Dhul, "ideó junto con otros miembros de la familia Ruiz-Mateos, dueños de la empresa, la posibilidad de solicitar un ERE", para lo cual "contactaron" con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.
Esto último, según la instructora, se llevó a cabo "a fin de obtener la financiación de las prejubilaciones del ERE por parte de la Junta mediante el uso de sus influencias, siendo Álvaro conocedor y partícipe de las gestiones relacionadas con el referido expediente", aprobando la Junta una ayuda de 7,6 millones, no obstante lo cual "las cuantías de dicho expediente fueron ampliadas a instancias de Dhul".
Esta empresa, de este modo, "alegó que la póliza de prejubilaciones había sufrido un coste adicional de 2,3 millones", aunque esta cantidad, según Alaya, "era realmente para la adquisición de maquinaria diversa o inversiones de la empresa", extremo éste que "presuntamente conocía la Administración, falseándose el contenido de la Addenda al Protocolo y el propio Convenio a instancias del hoy inculpado y de aquellos otros que intervinieron a favor de Dhul". Finalmente, la Junta abonó 10,5 millones.
DE BECARIO EN EL RAYO VALLECANO
Alaya considera que en este expediente "es donde se fragua la relación" entre Juan Lanzas y la familia Ruiz-Mateos y donde Lanzas, a través de su cargo de asesor y siendo secretario general de la Federación de Alimentación y Tabaco de UGT-A, intervendría como intermediario ante la Dirección de Trabajo, siendo incluidas como 'intrusos' cinco personas, entre ellas sus cuñados Ángeles Sierra y Carmelo Cruz.
Ruiz-Mateos, que se incorporó a trabajar con su padre como becario en el Rayo Vallecano, ha señalado en su declaración que, aunque fue nombrado administrador solidario de Dhul en 1997, "no tuvo ningún papel relevante en Dhul ni conocía si se había hecho algún ERE o no", mientras que también ha negado conocer a Lanzas ni a Guerrero "ni a ninguno de los que se ha nombrado en su imputación".
Ha señalado, respecto a Dhul, que, "aunque siempre ha sido administrador de derecho, no ha ejercido ninguna función, siendo una mera formalidad", pues quien dirigía la marcha ordinaria de la empresa era el cuerpo técnico, compuesto por los otros dos imputados citados, mientras que "todas las decisiones que excedieran de dicha actividad ordinaria eran tomadas exclusivamente por su padre".
DHUL "NO NECESITABA" LA AYUDA DE 10 MILLONES DE LA JUNTA
Respecto al pago de 10 millones de la Junta a Dhul, ha asegurado que "no sabe por qué se concedió dicha subvención" y que "lo que puede decir es que Dhul siempre ha sido una empresa viable, que durante 20 años después de su adquisición ha estado en primera línea de mercado y salvo detalles que no conozca, considera que no necesitaba los 10 millones de la Junta.
El imputado, que ha asegurado "no saber nada" de los cinco 'intrusos' incluidos en el ERE de Dhul, ha querido aclarar que Lanzas "era un colaborador de su padre anterior a la tramitación del ERE de Dhul", añadiendo que "es totalmente falso" que su padre haya pagado 100 millones de pesetas por casa ERE a Lanzas, si bien "no sabe qué cantidad cobraba" el exsindicalista de UGT.
Respecto a Primayor, ha dicho que "sabe que efectivamente hubo varias reuniones con Gaspar Zarrías" para cerrar "el proyecto de la adquisición por Dhul de la fábrica de Primayor en Jaén para la fabricación de platos precocinados".
LOS OTROS DOS IMPUTADOS SE NIEGAN A DECLARAR
Una vez concluida su declaración, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce la Junta han solicitado para el imputado una fianza de responsabilidad civil de 110.242 euros, más el tercio legal.
Con anterioridad, han comparecido ante la instructora Rafael Carvia y Carlos Santandreu, quienes se han acogido a su derecho a no declarar y para los que la Fiscalía ha pedido una fianza civil correspondiente al diez por ciento del importe total del coste de las primas de las pólizas suscritas con Dhul, mientras que la Junta ha solicitado para ambos una fianza civil de 665.612,63 euros, más el tercio legal.
También estaba prevista la comparecencia este jueves del que fuera abogado de la familia Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, aunque finalmente no ha acudido al Juzgado ya que no le ha sido notificada la citación.