Alaya cita este miércoles como imputado en los ERE al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla

La declaración de Fernández Sevilla había sido fijada inicialmente para el pasado 15 de julio, pero el imputado no compareció ante la juez Mercedes Alaya debido a que no le había sido notificada la citación para declarar, han informado a Europa Press fuentes del caso, que han indicado que el imputado ha sido citado nuevamente este miércoles, a partir de las 10,30 horas.

La magistrada también ha citado a declarar como imputado este miércoles al sindicalista de CCOO Antonio Perianes, quien, al igual que el exsecretario general de UGT-A, fue firmante en diciembre de 2004 del compromiso de pago de la Junta a Altadis.

Asimismo, la juez ha citado este miércoles a Cristina Ruiz Castillo, gerente de Promi, y al exsecretario general de Empleo Rafael Herrera Gil.

En el auto de imputación de Fernández Sevilla, la juez cita 15 irregularidades recogidas en el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado que "de forma generalizada son aplicables a todos los expedientes objeto de la instrucción", entre ellos el de Altadis, "una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas".

La juez relata que "los resultados obtenidos no fueron suficientes" para lograr la competitividad de la empresa y, por ello, se diseñó un nuevo plan industrial "que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla" que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo "por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años, siendo el resto asumido por la empresa".

"Consecuencia" de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo "por el que quedó fijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, 'con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta', compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno".

"CHEQUE EN BLANCO CONTRA LOS FONDOS ANDALUCES"

Finalmente, el ERE de 2005 de ámbito nacional se aprobaría el 3 de agosto de 2005, autorizando a Altadis a extinguir las relaciones laborales de hasta 898 trabajadores de su plantilla, entre los que se encontrarían 176 del centro de Cádiz y 209 del de Sevilla, asevera Alaya, que concreta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 "por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas" del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas.

Este convenio de colaboración "no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta", de manera que "del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones".