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Anticorrupción pide más de 8,5 millones de fianza civil para cada uno de los hijos de Ruiz-Mateos

Javier y Pablo Ruiz-Mateos, hijos del conocido empresario José María Ruiz Mateos, han prestado declaración como imputados este viernes ante la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos andaluces, con la que se alimentaron expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y ayudas directas a empresas.
Después de que hayan señalado la figura de su padre durante su comparecencia ante la juez, la Fiscalía Anticorrupción les habría reclamado fianzas civiles de más de 8,5 millones de euros, según han informado fuentes del caso.
En concreto, la juez había llamado a declarar este viernes a Javier y Pablo Ruiz-Mateos, quienes según la declaración previa de Carlos Miranda Bacciarini, director de la división hotelera de Nueva Rumasa entre 2003 y 2011, se encargaban respectivamente de las finanzas y la supervisión empresarial. Carlos Miranda, imputado también en la causa, declaró por cierto que José María Ruiz-Mateos le presentó "como un colaborador" al 'conseguidor' y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, reconociendo que en una ocasión entregó a este último "un sobre". No obstante, se declaraba desconocedor de que tal extremo representase "ningún pago".
La juez, de su lado, considera que la familia Ruiz-Mateos habría abonado al 'conseguidor' Juan Lanzas 600.000 euros "por las gestiones ante la Junta relativas al hotel" Cervantes de Torremolinos (Málaga), promotor de un ERE financiado por la Administración andaluza y saldado con la prejubilación de dos 'intrusos' al tratarse de personas ajenas a la plantilla. Los pagos, según la juez, "se harían en sobres semanales o quincenales en los que se contendría 20.000 o 25.000 euros".
Javier y Pablo Ruiz-Mateos, de cualquier modo, habrían negado ante la juez Alaya cualquier pago de dinero en negro a Juan Lanzas, señalando que su padre, el empresario José María Ruiz-Mateos, estaba al frente de todas las gestiones. Tras su comparecencia, en la que inicialmente se les atribuiría un presunto delito de malversación, la Fiscalía Anticorrupción habría reclamado para ellos fianzas civiles de unos 6,4 millones de euros a cuenta del importe de la póliza de seguro de rentas asociada al ERE del hotel más un tercio de esta cuantía, lo que elevaría cada una de estas fianzas a algo más de 8,5 millones de euros.