Asociaciones de jueces divididas ante la aplicación de una reforma para que etarras no arrepentidos no reciban ayudas

Las asociaciones de jueces tienen puntos de vista distintos sobre las posibilidades de aplicación de una reforma legal para que los etarras --y otros criminales-- que no se arrepientan y no paguen su responsabilidad civil no puedan recibir prestaciones sociales del Estado.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció este miércoles que estudiará alguna modificación legal para evitar "que los terroristas se beneficien de prestaciones sociales del Estado que han tratado de dinamitar". Así, las asociaciones de jueces discrepan sobre si la medida podría aplicarse a etarras que han cumplido ya sus condenas y están en libertad, incluso recibiendo ayudas.

Para el presidente de la Asociación Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, este tipo de medidas "se tienen que mantener" porque sino se incumple claramente la Ley. Según él, "uno de los principios básicos de la reinserción" es precisamente esta ayuda económica, y por este motivo, "una interpretación restrictiva" sería contraria a la legislación penitenciaria.

Además, ha manifestado que la medida anunciada no podría aplicarse retroactivamente. "Ninguna ley que suponga restricción de derechos a los ya contemplados se puede aplicar en naturaleza penal o penitenciaria con carácter retroactivo, nunca", ha explicado.

"DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD"

Según el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, esta medida sería "de dudosa constitucionalidad" porque, en su opinión, hay que tener en cuenta que son ayudas que "están destinadas a todos los penados con la finalidad de provocar su reinserción".

En este sentido, Bosch ha manifestado que "hay que recordar que el artículo 25.2 de la Constitución establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reinserción social de los reclusos". "El hecho de que se facilite la reinserción de unos y de otros no, podría vulnerar el principio de igualdad", ha advertido.

Asimismo, JpD considera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha remarcado una cuestión esencial a través de su resolución sobre la etarra Inés del Río y es que "no vale todo para luchar contra los delitos de terrorismo". "El Estado de Derecho tiene una serie de principios que no se pueden vulnerar", ha señalado.

"La resolución del Tribunal de Estrasburgo nos muestra los peligros de querer forzar las normas y esto genera en determinados sectores una situación de frustración ante unas expectativas discutibles que a veces se crean y que luego acaban provocando desencanto", ha argumentado, para después agregar que "hay que ser prudentes a la hora de adoptar determinadas medidas" y que "esta tiene aspectos que pueden ser discutibles".

Sobre la posibilidad de aplicar una medida de estas características con efecto retroactivo, Joaquim Bosch ha declarado que "el carácter retroactivo todavía agravaría más las dudas jurídicas que genera una decisión de este tipo", porque además de "poder vulnerarse el principio de igualdad, se podría vulnerar en el pasado en relación con personas que estaban en la misma situación y que sí que van a cobrar esa prestación".

En cambio, para Joaquín González Casso, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la medida podría tener efectos retroactivos porque "no es una sanción penal". En su opinión, la reforma es posible mientras no afecte al principio de igualdad, es decir, si se fijan los mismos requisitos para todos los condenados.

LOS 30.000 EUROS DE INÉS DEL RÍO

Por otro lado, las asociaciones sí coinciden en respaldar la decisión de la Audiencia Nacional de no abonar a la etarra Inés del Río la compensación de 30.000 euros por daños morales que le concedió el Tribunal de Estrasburgo, y destinar en cambio este dinero a una "compensación de deudas", puesto que la etarra debe al Estado 19 millones de euros en concepto de indemnizaciones por sus asesinatos.

Para Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, la decisión es "ajustada". Aunque la defensa de Inés del Río alegue que los daños morales son "personalísimos", ha puntualizado que lo son originariamente, pero que una vez que se han cuantificado son un elemento patrimonial que puede ser embargado como cualquier otro

Así, ha recalcado que la sentencia de Estrasburgo decreta para Del Río puesta en libertad y una indemnización, pero cómo se abonen éstas no se competencia de Estrasburgo, sino de los tribunales españoles que ejecutan la sentencia.

Al respecto, Dolado ha señalado que la indemnización impuesta a del Río por Estrasburgo "tiene que quedar destinada" a la compensación económica de las víctimas de del Río. En su opinión el recurso de la etarra tiene que ser "desestimado".