Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La Audiencia de Madrid valida los permisos obtenidos por Fabra de instituciones penitenciarias

Se basa en su buena conducta, la disminución de su riesgo de fuga y en que ha avanzado en el cumplimiento de su pena
La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado este lunes por su buena conducta, la disminución de su riesgo de fuga y en el avanzado cumplimiento de la pena, los dos permisos de seis días de duración de que disfrutó el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, antes de que a mediados mes de abril obtuviera la progresión al tercer grado.
En los dos autos dictados este lunes por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid se justifica la decisión de la juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid de aprobar los 12 días de permiso propuestos en enero por la Junta de Tratamiento de la prisión de Aranjuez.
En opinión del tribunal, iniciada la vía de permisos, "debe persistirse en ella, salvo que razones poderosas como el mal uso de los mismos, la evolución a peor tras su disfrute, la recaída de nuevas condenas, la pérdida imputable al penado de apoyos exteriores u otras semejantes aconsejen lo contrario, lo que no es el caso".
Fabra entró en prisión el 30 de noviembre de 2014, por delitos contra la Hacienda Pública, y tras disfrutar de estos permisos a mediados del mes de abril se le concedió la progresión al tercer grado penitenciario -sólo acude a dormir a prisión -, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción ante el tribunal que le enjuició, que es la Audiencia Provincial de Castellón, y que está pendiente de resolverse.
729.672,70 EUROS RESTITUIDOS
En ambos autos, la Audiencia de Madrid recuerda que el pasado mes de diciembre ya dijo que Fabra cumple condena a tres años de prisión - ya ha cumplido la mitad de esta condena-, su conducta es buena, tiene 70 años de edad, claro arraigo en España y apoyo familiar.
A ello se une que ha restituido el principal y parte de los intereses de la cantidad defraudada hasta un total de l729.672,70 euros y que "las circunstancias en que se produjo su delito no son fácilmente repetirles". Por ello se entendió que el permiso propuesto no podía perjudicar su tratamiento penitenciario.
Tras recibir los recursos de Anticorrupción, el tribunal dice ahora que no consta mal uso de esos permisos ni tampoco retroceso en la evolución del reo, a lo que hay que sumar que "la condena cumplida es ahora, lógicamente, más elevada, con lo que ello conlleva de disminución de ritmo de fuga y de afianzamiento de la eficacia preventiva de la pena".
Fabra consiguió el tercer grado penitenciario, un año y casi cinco meses después de ingresar en la prisión madrileña de Aranjuez, tras la condena a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública en el 'caso Naranjax'.
En su recurso de apelación, que aún debe resolverse, la Fiscalía solicita al tribunal la revocación del tercer grado concedido al citado Carlos Fabra, quien actualmente cumple condena en la cárcel de Aranjuez.
La decisión de la juez de vigilancia se produjo en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado, por la que Fabra sólo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión.
La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.
El origen del proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.