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La Audiencia Nacional decide mañana si aparta el juez De Prada de dos causas contra ETA y Batasuna

Estudiará si es imparcial después de que dijera que la justicia vulnera derechos fundamentales de investigados por terrorismo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará en un pleno convocado para este viernes la recusación formulada contra el magistrado José Ricardo de Prada en dos procedimientos seguidos contra ETA y las formaciones políticas PCTV-ANV, sucesoras de Batasuna, después de que dijera en un foro del Ayuntamiento de Tolosa que en España se ha producido la tortura de forma "clara" y que la justicia vulnera derechos fundamentales de investigados por terrorismo.
Los magistrados de lo Penal se reunirán para decidir si apartan al magistrado, después de que los fiscales Pedro Rubira, Vicente González Mota y José Perals consideraran que ha perdido la apariencia de imparcialidad al mostrar sus "prejuicios" sobre el entorno político de la banda terrorista y la política criminal aplicada en estos casos.
La Fiscalía advirtió que De Prada identificó los informes periciales de inteligencia como una "patología" del sistema e hizo una valoración global "muy negativa" sobre ellos, "llegando incluso a afirmar que tratan de suplantar el propio razonamiento del juez" y señalar que ofrecen conclusiones "muy negativas" y hasta "interesadas".
El Ministerio Público criticó la idea predeterminada del juez sobre este medio de prueba "muy habitual" en procedimientos contra miembros de partidos instrumentalizados por ETA; mientras que expuso que la libertad de expresión de los jueces debe tener "unos límites a los efectos de garantizar otros derechos constitucionales igualmente importantes, como es el derecho a un proceso con todas las garantías en su vertiente de derecho a un juez imparcial".
Los magistrados Ángeles Barreiro y Juan Francisco Martel admitieron recientemente las recusaciones promovidas en la causa del PCTV-ANV por la Asociación de Víctimas del Terrorismo --a la que se adhirió Dignidad y Justicia (DyJ)-- y por la defensa del atentado frustrado contra el exconcejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Miguel Ángel Ruiz de Langarica, respectivamente.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la defensa de Langarica, basó su petición en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al entender que el De Prada tiene un "interés directo o indirecto en el pleito".
La acusación particular pidió apartarle del tribunal que juzgó al etarra Jorge Olaiz por intentar asesinar al antiguo edil el 24 de noviembre de 2000 en Pamplona. El caso quedó visto para sentencia con la petición de la Fiscalía de condenarle a 15 años de cárcel por un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa.
DE PRADA DEFIENDE SU IMPARCIALIDAD
Por su parte, De Prada se opuso a la recusación por no tener ningún "interés" y aportó un auto en el que se acordaba por mayoría la libertad provisional del acusado Jorge Olaiz, acusado de intentar matar a Langarica, y otra sentencia en la que se acuerda absolverle. Olaiz también se opuso a la recusación.
De Prada acompañó a sus alegaciones un Informe del Instituto Vasco de Criminología denominado 'Proyecto de Investigación de la Tortura en Euskadi entre 1960-2010', fechado en diciembre de 2014; así como las memorias de la Fiscalía correspondientes a los años 2012 y 2013, en las que aparecen los apartados dedicados a los delitos de torturas y contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público.
De Prada afirmó el pasado abril en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tolosa: "La tortura se ha producido de manera clara y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho", según la crónica publicada por el diario 'Gara' bajo el título "El juez De Prada desnuda a la AN".
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Rights International Spain (RIS) han exigido que De Prada pueda seguir desarrollando su función jurisdiccional "con normalidad, sin intimidación ni represalias", después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya incoado unas diligencias informativas sobre este asunto.