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Autorizan un permiso para el hombre que facilitó los explosivos del atentado del 11-M

La Audiencia Nacional ha autorizado la concesión de un permiso penitenciario de cinco días a Antonio Toro, condenado a cuatro años de cárcel por facilitar los explosivos con los que se cometieron los atentados del 11-M, por considerar, entre otros motivos, que está teniendo un "buen comportamiento" en prisión. Toro, que ya cumplió la pena por tráfico de explosivos permanece en prisión por otro delito de drogas.

Lo informó la Sección Primera de la Sala de lo Penal en un auto en el que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y avala la decisión del titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, de conceder el permiso a Toro, que ya ha cumplido la pena de cuatro años que el Supremo le impuso por tráfico de explosivos y sigue en la cárcel por un delito de drogas.
El tribunal señala en un auto, que contraviente el criterio de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, que el penado ha reunido once recompensas durante su reclusión, que participa en el módulo de convivencia-respeto "con eficiencia y normalidad" y que presenta "una conducta correcta" al haber participado en numerosos cursos formativos laborales.
Los magistrados Manuela Fernández Prado, Ramón Sáez y Nicolás Poveda señalan que Toro ha obtenido ya tres permisos, que siempre ha disfrutado en el domicilio de su madre y que ésta "sigue dispuesta a acogerle sin que conste que se haya producido incidente alguno" durante sus anteriores permisos.
SALDRÁ DE LA CÁRCEL EN 2022
En mayo de 2010 el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la defensa de Toro para reducir su condena en 1.283 días y confirmó un auto de la Audiencia Nacional que fija la salida de la cárcel del preso el 30 de marzo de 2022.
Toro, que acumuló tres condenas diferentes, pretendía que el Supremo corrigiera la decisión que adoptó la Audiencia Nacional en abril de 200' y restara de su condena los 1.064 días que pasó en prisión provisional por el 11-M y los otros 219 por la "operación Pipol", en cumplimento de la doctrina del Tribunal Constitucional, que aboga por restar días de pena en el caso de que la prisión preventiva no haya podido computarse por encontrarse el reo cumpliendo en ese mismo momento una condena anterior.
El alto tribunal, no obstante, ratificó el criterio adoptado por la Audiencia Nacional porque el caso de Toro es diferente, ya que obedece a la coincidencia en el tiempo de dos o más prisiones provisionales acordadas en causas distintas.
Sobre Toro recaen tres condenas, una dictada por la Audiencia Provincial de Asturias en 2004, por un delito contra la salud pública (seis años de cárcel); una segunda de 2007, dictada por la misma Audiencia por tráfico de explosivos y delito contra la salud pública (once años de cárcel); y la que le impuso el Tribunal Supremo en 2008 de cuatro años por transportar los explosivos para la masacre del 11-M..
Todas las resoluciones ejecutorias dictadas contra Toro fueron anuladas para un cumplimiento máximo de 18 años de prisión por auto de la Audiencia Nacional, que fijó el licenciamiento definitivo del recurrente para el 30 de marzo de 2022 una vez computados un total de 478 días de prisión preventiva respecto de las tres causas referidas.