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Ayuntamiento de Madrid estudia ayudas a comerciantes por el cambio de nombres en las calles

El PP cifra el gasto total para los 2.000 comercios afectados en 5 millones de euros
El Ayuntamiento de Madrid tiene "en fase de estudio" una línea de subvenciones que serviría para ayudar económicamente a los comerciantes afectados por el cambio de nombre de las calles en las que están sus negocios, modificación que responde a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, unos cambios que ha definido la directora general de Comercio y Emprendimiento, Concepción Díaz de Villegas, como "eventualidades" que forman parte del "riesgo empresarial".
La concejala del PP Almudena Maíllo ha elevado este martes a la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo una pregunta sobre una potencial línea de ayudas económicas a comerciantes después de que se aprobara el cambio de nombre de 52 calles en aplicación de la Memoria Histórica.
Según datos aportados por el Ayuntamiento y puestos sobre la mesa por Maíllo, este primer cambio de placas afectará a unas 50.000 personas y 2.000 locales. La popular ha cifrado en unos 2.500 euros de media los gastos que conllevará para cada comerciante el cambio de nombre, lo que sumaría un monto total de 5 millones de euros, cantidad a la que habría que añadir los gastos de los trabajadores autónomos de las primeras plantas de los edificios.
La directora general ha contestado que una potencial convocatoria pública de subvenciones está en fase de estudio y está condicionada a una previa justificación de su viabilidad y de su interés que determine si el cambio de nomenclatura "es causa directa de daños económicos que deban ser compensados por la Administración", más allá de las molestias que pueden provocar.
Maíllo ha replicado que "un gobierno responsable" primero tiene que "pensar las consecuencias de las medidas". "Dejen de estudiar y pónganse a hacer", ha reclamado la concejala del PP. Díaz de Villegas ha contestado que "no es la primera vez" que se produce un cambio en la nomenclatura de las calles de Madrid "y sin compensación económica".
La directora general ha defendido que cada comerciante es consciente del "riesgo empresarial", dentro del cual se deben asumir las "eventualidades políticas y económicas que puedan incidir en su previsión de gasto". Con el marco de la libertad económica, Díaz de Villegas ha argumentado que la Administración "no puede compensar los cambios por cuestiones legales, económicas o de otra naturaleza".