Corrpución urbanística

Baltasar Garzón envía a prisión a Macià Alavedra y al alcalde de Santa Coloma

La presunta trama de corrupción defraudó 44.754.000 euros, según el auto

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado el ingreso incondicional en prisión de cinco cargos políticos y ex dirigentes de CiU y el PSC detenidos en la 'operación Pretoria', desarrollada para desarticular una presunta trama de corrupción que habría tenido su epicentro en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Según el auto del magistrado, la presunta trama defraudó un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras.

Garzón, que adoptó esta decisión tras la petición del fiscal anticorrupción Luis Pastor, ordenó el encarcelamiento del presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. 

Además, el juez puso en libertad bajo fianza al director gerente de Servicios del municipio, Pasqual Vela (que tendrá que abonar 25.000 euros); y a los tres empresarios detenidos: el presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana (500.000 euros) ; el de Proinosa, Josep Singla (500.000 euros); y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo (100.000 euros).

La Fiscalía pidió el ingreso en prisión de seis de los nueve detenidos en cada una de las vistillas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que se fueron celebrando al término de las comparecencias, que se prolongaron durante casi siete horas. Según las fuentes consultadas, todos los comparecientes contestaron a las preguntas formuladas por el juez y el fiscal y trataron de desvincularse de la trama defendiendo que sus actividades siempre han sido legales.

"Comisiones sin lógica comercial"

En la resolución, Garzón afirma que hay una serie de "pautas comunes" en las tres grandes operaciones en las que intervinieron los imputados, desarrolladas en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras.

El primer paso consistía en que los Ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien, "gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con las empresarios interesados", favorecía su tramitación, "repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos".

Sin embargo, la empresa adjudicataria nunca llegaba a realizar el proyecto, sino que éste quedaba paralizado hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

Esa modificación, además, "resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca del municipio", añade Garzón.

Tras la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación, de modo que todo el beneficio quedaba en manos de los intermediarios y nunca en las del Consistorio.

Según el juez, los imputados, en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas, percibían comisiones "sin lógica comercial alguna".

El alcalde niega el blanqueo

El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, pero no del de blanqueo de capitales, según explicó su letrado, Fermín Morales, quien añadió que el juez no preguntó a su cliente si tiene cuentas bancarias fuera de España o si se ha enriquecido durante los últimos años. Sus preguntas se limitaron, según dijo, a servicios y adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Santa Coloma, como la de los terrenos del centro comercial Cubics.

Muñoz también destacó en su declaración que no conoce de nada a Alavedra y Prenafeta, por lo que su conexión con los detenidos se limita a que ha tenido trato con su compañero de partido Luis García, 'Luigi', presunto cerebro de la trama. Su letrado indicó que el regidor no se ha planteado de momento dimitir de su cargo y que siempre ha colaborado con los investigadores, incluso cuando se realizaron los registros en la sede de las empresas municipales. "El alcalde se encuentra entero pero sorprendido y desconcertado por la dimensión que ha adquirido todo este asunto", dijo.

En una línea similar, el director gerente de Servicios, Pasqual Vela, alegó ante el instructor que su labor en el Ayuntamiento no tiene nada que ver con el urbanismo y se limita a cuestiones relacionadas con el "bienestar de los vecinos, como la prestación de becas", según explicó su abogado, Albert Boada. "Es un funcionario modélico", aseguró.

Alavedra y Prenafeta, por su parte, declararon durante 45 minutos y una hora, aproximadamente, según explicó su abogado, Juan Córdoba, que no quiso detallar si la Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión para ellos. "Se encuentran mal anímicamente aunque no han necesitado asistencia forense", explicó.

Salvo Carrillo, el resto de detenidos en la 'operación Pretoria' llegaron esposados a las 7.30 horas de la mañana a la Audiencia Nacional en el interior de un furgón y comenzaron a declarar ante el juez Baltasar Garzón a las diez de las mañanas. En concreto, fueron trasladados en un furgón desde la cárcel madrileña de Soto del Real hasta la Audiencia Nacional. A sus puertas, los agentes entregaron a cada uno de ellos sus pertenencias en bolsas de basura azul marino.

Adjudicaciones irregulares

La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorrupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.

La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.

Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.

En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' y Macíà Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.

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