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A prisión el mexicano detenido en Barcelona, vinculado a la trama de corrupción del exgobernador de Veracruz

El acusado rechaza ser entregado voluntariamente a México
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a prisión al ciudadano mexicano detenido este miércoles en Cabrils (Barcelona), vinculado a una trama de corrupción en la que se ha visto implicado el exgobernador del Estado de Veracruz Javier Duarte.
El mexicano Javier Nava Soria, sobre quien pesaba una 'notificación roja' de la Interpol, ha pasado este jueves a disposición judicial. El juez Pedraz, en sustitución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, ha decretado su ingreso en prisión por los delitos de malversación y pertenencia a organización criminal.
Asimismo, Nava ha rechazado ser entregado voluntariamente a México, por lo que próximamente se pondrán en marcha los mecanismos legales para proceder a su extradición. Ya este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará a España, en el plazo de los 45 días que marca el tratado de extradición entre España y México, la entrega del detenido.
EMPRESAS FANTASMAS Y TESTAFERROS
La Policía Nacional informó que las autoridades mexicanas consideran que Nava participó, junto a Duarte --investigado por tres delitos, entre ellos los de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos--, en diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaborando contratos a empresas fantasmas y usando testaferros.
El objetivo era transferir supuestamente elevadas cantidades de dinero público mexicano destinado a educación y salud entre los años 2012 y 2015, para utilizarlos en la adquisición de inmuebles tanto en México como en el extranjero, explicó la Policía.
A mediados de octubre, la Fiscalía de México emitió una orden de detención contra el exgobernador debido a que se encontraba en paradero desconocido hasta que el pasado fin de semana fue capturado en Guatemala. La Fiscalía solicitó asistencia jurídica a los Gobiernos de Estados Unidos, España y Costa Rica para obtener información de los inmuebles de que dispone, así como de sus cuentas bancarias y empresas en el exterior.