Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Barroso dice que hipotética secesión de Cataluña debe resolverse de acuerdo a la legislación internacional

Los Tratados de la UE sólo reconocen la ciudadanía europea a los nacionales de un Estado miembro
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha dejado claro que en el caso de una hipotética secesión de parte del territorio de un Estado miembro habría que negociar una solución de acuerdo con la legislación internacional para que los ciudadanos del territorio independizado mantengan la ciudadanía europea, que es complementaria pero no sustituye a la nacional, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
"Confirma que en el hipotético caso de una secesión de una parte de un Estado miembro, la solución tendría que encontrarse y negociarse dentro del ordenamiento legal internacional", ha explicado Barroso en una respuesta parlamentaria a la eurodiputada italiana de la Liga Norte, Mara Bizzotto.
La eurodiputada ha recordado que la Iniciativa Ciudadana Europea que rechazó admitir a trámite el Ejecutivo comunitario sobre el 'Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía colectiva' promovida por Reagrupament argumentando que estaba fuera de su ámbito de competencia tenía por objetivo "garantizar que los ciudadanos de un nuevo Estado que pueda resultar de una posible secesión de Cataluña de España mantuvieran su estatus de ciudadanos de la UE".
Bizzotto ha reclamado que Bruselas aclare si los catalanes "perderían inmediatamente su estatus de ciudadanos de la UE y sus consiguientes derechos y obligaciones" en caso de independizarse del territorio español.
El presidente del Ejecutivo comunitario aclara en su respuesta que el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE precisa que "la ciudadanía de la UE es adicional y no sustituye a la ciudadanía nacional, esto es, la ciudadanía de un Estado miembro de la UE".
"También confirma que en el hipotético caso de una secesión de una parte de un Estado miembro, la solución tendría que encontrarse y negociarse dentro del ordenamiento legal internacional. Cualquier otra consideración relacionada con las consecuencias de tal caso sería de naturaleza conjetural", apostilla el portugués.
INICIATIVA CIUDADANA RECHAZADA
El Ejecutivo comunitario rechazó en mayo registrar la iniciativa, presentada un mes antes en Bruselas, por considerar tras "un examen exhaustivo" que "está manifiestamente fuera del ámbito de las competencias de la Comisión", según explicó la secretaria general de la Comisión, Catherine Day, a los promotores de la iniciativa en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.
"Con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sólo las personas que tengan nacionalidad de un Estado miembro son ciudadanos de la UE. La ciudadanía de la UE es complementaria, pero no sustitutiva, de la ciudadanía nacional", explicó Day en la carta, con fecha del 30 de mayo.
Además, la secretaria general del Ejecutivo comunitario dejó claro en la misma que "no existe base jurídica alguna" en los Tratados de la Unión para "abordar las consecuencias de una secesión de una parte de un Estado miembro" a través de la legislación secundaria para garantizar que mantienen la ciudadanía europea y que "la solución se tendría que encontrar y negociar dentro del ordenamiento jurídico internacional".
Las denominadas Iniciativas Ciudadanas Europeas se crearon en virtud del Tratado de Lisboa para permitir que los ciudadanos de a pie puedan reclamar a la Unión Europea que presente legislaciones de su interés en ámbitos de competencia comunitaria. Las iniciativas, que pueden presentarse desde el 1 de abril, deberán estar respaldadas por un millón de firmas de ciudadanos de al menos siete Estados miembros, que comienzan a recogerse sólo después de que la Comisión acepta registrarla.
La Comisión Europea tiene potestad para rechazar iniciativas "manifiestamente abusivas, frívolas, ofensivas, contrarias a los valores europeos o que estén fuera de la competencia de la Comisión".