Borrell no fue al consejo de Abengoa donde se aprobó el pago a Benjumea porque presentaba su libro sobre independentismo

Borrell, que ha declarado como testigo ante la juez Carmen Lamela que investiga las elevadas retribuciones otorgadas a Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores, ha precisado que votó por delegación a favor del pago. La Plataforma de Perjudicados de Abengoa, personada como acusación, cifra en 16 millones para el primero y 8 para el segundo las indemnizaciones abonadas.

Además, el exministro ha defendido la validez del que fuera presidente de la multinacional, que fue contratado como asesor tras abandonar este puesto. "El talento hay que pagarlo", ha dicho, además de calificar como una "sorpresa" la quiebra de la compañía.

La magistrada ha citado para este miércoles y jueves a trece antiguos consejeros que dieron el pasado año 'luz verde' a los pagos de Benjumea y Sánchez Ortega, quienes están siendo investigados por delitos de administración desleal y uso de información privilegiada.

El fiscal José Perals pidió la ronda de testificales después de que el nuevo presidente de la empresa de energías renovables, Antonio Fornielles, explicara que la multinacional pagó a su antecesor 4,48 millones en concepto de indemnización por cese anticipado y pacto de no competencia postcontractual y otros 7 millones por bonificación por permanencia que tenía reconocida en su contrato con la sociedad. Además, se le pagaron casi 4 millones adicionales detectados en las cuentas que la empresa comunicó a la CNMV.

El Ministerio Público considera que Abengoa amplió su capital para afrontar sus deudas y el Consejo de Administración decidió el 23 de septiembre de 2015 "aparentar la marcha" de Benjumea de la sociedad, quedándose bajo la denominación de "asesor" del Consejo y cobrando un sueldo "idéntico" al que venía recibiendo como consejero.

Benjumea recibió el pago pese a ser consciente de la "mala situación" de la sociedad, que en noviembre de 2015 pidió el preconcurso de acreedores. Los mismos miembros del Consejo de Administración acordaron el 15 de junio de 2015 las condiciones económicas y el cese de Sánchez Ortega.

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