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CDC ve "ridículas" las reacciones del Gobierno y le acusa de tener miedo a perder

El secretario de Organización de CDC, Josep Rull, ha tachado este jueves de ridículas las reacciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre la Diada, y les ha acusado de tener "miedo a perder" al impedir la consulta.
En rueda de prensa junto con el vicesecretario general de Coordinación Institucional, Lluís Maria Corominas, ha lamentado que Fernández Díaz haya cifrado en 400.000 el número de personas que secundaron la Via Catalana y que Sáenz de Santamaría se haya referido a la "mayoría silenciosa" que no se manifestó.
"El Estado debe dejar de hacer planteamientos que rozan el ridículo. Traduzcamos las percepciones en un resultado electoral en una consulta. Parece que topamos con el muro del tener miedo a perder", ha sostenido
Así, ambos han acusado al Estado de intentar minimizar el ejercicio de "civismo, democracia, autoestima y respeto colectivo" que se vivió durante la Diada, y han advertido de que el Govern se siente reforzado y que junto con la sociedad civil no se echará atrás.
"No se puede continuar ignorando el clamor de una parte extraordinaria del pueblo de Cataluña. Si tienen dudas, que lo resuelvan con las urnas", ha exclamado.
COMPARATIVA
Para analizar la magnitud de lo ocurrido en la cadena humana, en la que según la Consejería de Interior participaron 1,6 millones de personas, el secretario de Organización de CDC ha expuesto que es como si en Estado Unidos salieran 62 millones, y si en España lo hubieran hecho 9 millones.
Por ello, Rull y Corominas han reiterado que ahora la responsabilidad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es negociar, escuchar al pueblo catalán y buscar un mecanismo que haga posible ejercer el 'derecho a decidir', "lo que es perfectamente posible en el marco actual de la Constitución".
Según Corominas, el proceso de transición nacional requiere de convicción política y apoyo social, y ha pedido centrarse ahora en el objetivo de convocar una consulta en 2014 y no recurrir al "plan B, el de las elecciones plebiscitarias".