El CGPJ estudia mañana la denuncia contra los vocales que pidieron explicaciones al juez Castro por su viaje a Madrid

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá mañana la denuncia presentada por el abogado José Luis Mazón contra tres de los miembros de la Comisión Permanente de este órgano, entre ellos el presidente, Gonzalo Moliner, por pedir explicaciones al juez instructor del caso Nóos, José Castro, sobre sus traslados a Madrid y Barcelona para practicar diligencias concernientes a esta causa.

Fuentes del CGPJ han señalado a Europa Press que el secretario general de este órgano propone el archivo de la queja sin más trámite, si bien su contenido puede llegar a ser discutido en el plenario de todos modos.

En dos reuniones de la Comisión Permanente celebradas el pasado mes de febrero los votos de Moliner y de los vocales Antonio Dorado y Almudena Lastra validaron un acuerdo dirigido a que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma justifique la razón de sus desplazamientos. Manuel Almenar y Margarita Robles votaron en contra por considerar que esta petición vulnera el secreto de las actuaciones judiciales.

Finalmente, en una reunión posterior, la Comisión Permanente acordó conceder la comisión de servicio solicitada por Castro para la toma de declaraciones relacionadas con el "caso Nóos" en sede distinta de su partido judicial.

En su denuncia, presentada en nombre del partido político Soberanía, se señala que la exigencia del CGPJ al juez de Palma supuso un acto "radicalmente contrario" a la independencia judicial y revistió "apariencia de una falta muy grave o grave de régimen disciplinario de los funcionarios públicos del Estado" cometida por los vocales que validaron el acuerdo.

A juicio de la formación denunciante sobre la actuación de los vocales que pidieron explicaciones a castro hay sospecha "de existir uso de influencias para favorecer al actual Ministro de Justicia", Alberto Ruiz-Gallardón, que era el alcalde de Madrid en el momento de producirse los hechos investigados por Castro, relacionados con la gestión de Madrid 2016.

Por ello, el letrado solicita al Pleno que abra una investigación y ordene incoar expediente disciplinario a "los adoptantes del acuerdo de intromisión en la independencia judicial, con suspensión cautelar de funciones".