CGPJ rechaza reconsiderar la eliminación de la póliza de responsabilidad civil para jueces

En fuentes del órgano de gobierno de los jueces, se ha señalado a Europa Press que se rechaza someter esta asunto a todos los vocales del CGPJ en cumplimiento de los artículos 599 y 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que son los que establecen cuáles son las materias que de forma específica deben ser sometidas al Pleno de esta institución.

La decisión deriva del escrito presentado por cinco vocales del sector progresista del órgano de Gobierno de los jueces que califican la decisión de "precipitada" y han interesado que se someta a la deliberación de los 20 vocales que integran esta institución.

En su escrito, la que ha tenido acceso Europa Press, los vocales coinciden con una comunicación realizada en el mismo sentido por la asociación mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura -de corte conservador. Critican que haya sido cedida "sin establecer un diálogo previo con las asociaciones judiciales y representantes de los jueces y magistrados" ni con el conjunto de los vocales que integran el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, "cuando se trata de una decisión que afecta de forma relevante a las condiciones profesionales de la Carrera Judicial".

El escrito, que firman Roser Bach Fabregó, María Victoria Cinto Lapuente, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo Muelas y Pilar Sepúlveda lamentan haber tenido conocimiento de la decisión por una nota de prensa y afirman que "no se ajusta a la realidad" que el citado acuerdo cumpla con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

"En el informe del referido órgano fiscalizador de fecha 24 de julio de 2014 no hay ni una sola recomendación referida a la póliza de responsabilidad civil de jueces y magistrados", afirman.

Los vocales progresistas añaden que en el apartado de "recomendaciones" del informe, ninguna mención se hace a la existencia de la referida póliza ni se sugiere dejarla. "Es más, entendemos que de una interpretación sistemática del informe no cabe deducir esa conclusión, ya que en el mismo se señala la forma en la que debería haberse realizado la contratación de un seguro de esta naturaleza", según inciden en su escrito.

La Permanente tuvo en cuenta que, en su comparecencia del pasado 28 de octubre en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, el presidente de este último órgano, Ramón Álvarez de Miranda, se refirió a la póliza de seguro de responsabilidad civil en los siguientes términos: "en muchas ocasiones y en diferentes ámbitos de la gestión pública hemos manifestado que pretender contratar seguros para hacer frente a posibles responsabilidades en el ámbito de la gestión que se desempeña, es un exceso que efectivamente no está justificado y el tribunal nunca los ha aceptado se hayan producido donde se hayan producido".

"En ningún caso cabe cubrir mediante un pago público responsabilidades que lógicamente tienen que estar en el ámbito directamente aplicable a la gestión que se ejerce", concluyó Álvarez de Miranda en el Parlamento.