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CSIT critica la "lentitud" y "dificultad" que tuvieron los agentes en comisaria cuando fueron a denunciar a Aguirre

CSIT Unión Profesional ha criticado este viernes la "lentitud" y "dificultad" que tuvieron los agentes de movilidad que acudieron anoche a comisaría para interponer una denuncia contra la presidenta del PP, Esperanza Aguirre, después del incidente con la multa en Gran Vía y la moto.
"Ayer sufrieron un trato diferente al de cualquier ciudadano cuando se personaban en comisaría para interponer su denuncia contra Aguirre por desobediencia a la autoridad y por generar daños en material municipal, en concreto a la moto golpeada por su vehículo", han señalado en un comunicado.
Según han indicado desde la organización, la "lentitud" para interponer la denuncia y "dificultad" para recibir copia de la misma una vez interpuesta "no es lo habitual", ya que "todo ciudadano que presenta una denuncia en comisaría tiene derecho a ello".
En este sentido, el Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, SPAM, federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL, respalda la "impecable actuación" de los dos efectivos que, "en cumplimiento de su deber, sancionaron a Esperanza Aguirre por estacionar su vehículo en el carril bus".
Aseguran que "realizaron su labor de la misma forma que lo habrían hecho en el caso de un ciudadano anónimo, siguiendo el mismo procedimiento establecido para ello". En este punto, han destacado que a pesar de la "trascendencia mediática" y la "presión a la que estuvieron sometidos los agentes" ni un solo responsable municipal del Cuerpo "se personó para acompañarles".
CSIT ha puesto a disposición de los Agentes de Movilidad la asistencia jurídica necesaria, así como para el resto de agentes de la autoridad del Ayuntamiento de Madrid, "dadas las declaraciones de Aguirre en las que negaba haberse dado a la fuga desobedeciendo a la autoridad y calificaba de machista la actuación de los agentes que la habían sancionado".
El colectivo de Agentes de Movilidad formado por 700 efectivos dependientes del Ayuntamiento de Madrid, viene reivindicando la cobertura de 500 plazas que desde 2009 "ha ido suprimiendo el Consistorio. Denuncian sobrecarga de trabajo con la reducción de plantilla y la ampliación de la zona de actuación (antes sólo actuaban dentro del cinturón de la M-30 y ahora deben cubrir los distritos de las afueras de la capital).