La ex alcaldesa de Cáceres y dos concejales, condenados a ocho años de inhabilitación por prevaricación

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que Heras, Tabares y Torres son "coautores responsables conforme al artículo 28 del Código Penal, de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal", por lo que se les inhabilita para empleo o cargo público en el ámbito de la administración estatal, autonómica y local, además de imponer a los condenados el pago de las costas del procedimiento judicial.

Los hechos por los que han sido condenados tiene que ver con la forma de pago del festival Urban Screens que se celebró hace seis años para apoyar la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2016 y que consistía en la proyección de videos en las fachadas de algunos edificios de la ciudad a través de un espectáculo de luz y sonido.

La sentencia estima que los tres responsables cometieron una irregularidad en el pago de las facturas de este certamen ya que fraccionaron los pagos para que el importe total no superara la cantidad que hubiera exigido un concurso público para la contratación de la empresa que se encargó del festival.

La sentencia considera probado que Carmen Heras firmó una factura de 47.782 euros, La factura de mayor importe, de 47.782 euros fue firmada por Carmen Heras; mientras que el concejal Santiago Tabares ordenó dos pagos, cada uno de ellos de 11.994 euros, y el concejal Francisco Torres firmó una factura de 9.600 euros, lo que da un importe total de 81.370 euros que fueron abonados a la empresa que fue contratada "a dedo".

Cabe recordar que, según la norma que controla la adjudicación de contratos de obras y servicios por parte de la administración local, si el importe supera los 50.000 euros, en el caso de la sobras, hay que convocar un concurso de pública concurrencia en el y, en el resto de contratos, hay que hacerlo cuando la cantidad a pagar es de 18.000 euros o más. Además no se pueden fraccionar las facturas.

El juicio en el que los tres se sentaron en el banquillo tuvo lugar el pasado 4 de febrero y entonces todos alegaron que ellos le hicieron caso a lo que les dijeron los técnicos del Ayuntamiento, aunque el abogado de la ex alcaldesa llegó a decir que "le habían tendido una trampa", puesto que la firma de la factura se produjo el último día que ella pasó por su despacho a recoger las cosas, tras haber perdido las elecciones en 2011.

La sentencia no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Cáceres.