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Un juzgado de Cádiz llama a declarar este jueves a cuatro imputados en el 'caso Bahía Competitiva'

La instrucción del 'caso Bahía Competitiva' continúa con la declaración este jueves de cuatro técnicos imputados ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, donde el viernes tendrán que comparecer otros cuatro imputados, entre los que figura la exdelegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y actual directora general de Economía Social, Angelines Ortiz.
Fuentes del caso han confirmado a Europa Press que este jueves tendrán que comparecer ante la juez instructora, Lourdes del Río, tres técnicos de la Diputación que formaban parte de la comisión de baremación de los proyectos del Bahía Competitiva, concretamente Teodoro Clavijo, Rosa Baarreiro y Gema Herrera. Asimismo, está citada Rosa Rodríguez Cano, asesora técnica de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) que también era representante en dicha comisión.
Un día más tarde está citada Angelines Ortiz junto a otras tres imputadas en el caso. Se trata de la actual gerente provincial de la Agencia IDEA en Cádiz, Rosa Mellado; la jefa de servicio del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación (IEDT), Adelaida Morales, y María José Valencia, exdiputada provincial del PSOE y exresponsable política del IEDT.
Según fuentes del caso, Del Río ha realizado estas citaciones tras aportar una de las defensas correos electrónicos en los que se recogen distintas conversaciones sobre la baremación de los proyectos del Plan Bahía Competitiva.
Asimismo, la juez ha citado al expresidente de la Diputación gaditana y diputado socialista Francisco González Cabaña, quien declarará el próximo mes de mayo en calidad de testigo.
Cabe recordar que el caso 'Bahía Competitiva' investiga el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del plan que ha dado nombre al procedimiento y que un total de 31 personas han sido detenidas en distinta fases de la investigación.
Se trata de una supuesta trama en la que, según resumía la Policía al darla por desarticulada, medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión, y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.