El juez Castro decidirá sobre la Infanta pasada Semana Santa

El magistrado encara de este modo la recta final de unas investigaciones que dieron sus primeros pasos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.

En concreto, el juez, quien desde hace semanas permanece trabajando en la elaboración de un extenso auto con el que cerrará la instrucción -siempre que no aparezcan nuevos elementos que alteren el curso de las pesquisas-, se encuentra pendiente tan sólo de las declaraciones de hasta quince testigos fijadas para este viernes y sábado en Valencia, de la que resta por efectuar por escrito el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y de que la Audiencia Provincial de Baleares decida si Urdangarin, Torres y la mujer de éste son imputados por presunto blanqueo de capitales.

Respecto a esta última diligencia, el tribunal de la Sección Segunda debe resolver el recurso de apelación interpuesto por el sindicato Manos Limpias para pedir que los tres encausados sean citados de nuevo a declarar ante Castro, en esta ocasión por la supuesta comisión del anterior delito. Por el momento, el recurso de la acusación popular aún no ha sido registrado en la Audiencia para su resolución.

Pese a que esta impugnación no tiene carácter suspensivo -el juez podría concluir las investigaciones sin que la Audiencia haya decidido sobre ella-, Castro esperará a que el tribunal falle en torno a la solicitud de Manos Limpias, que sostiene cómo Urdangarin, Torres y Ana María Tejeiro incurrieron en un delito de blanqueo por cuanto los tres imputados se lucraron "en su propio beneficio" del dinero que de forma ilícita obtuvieron de las Administraciones públicas a través del Instituto Nóos y que posteriormente desviaron a sociedades de su entramado empresarial.

Una vez culminadas estas diligencias, el juez dictará finalmente el auto de transformación a procedimiento abreviado, contra el que cabrá tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- o de apelación -directamente ante la Audiencia-. En él determinará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa, entre los que se encuentra la hija del Rey Don Juan Carlos, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

Así, con esta resolución dará paso a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su escrito de calificación provisional en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

LA FISCALÍA PEDIRÁ HASTA 19 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL DUQUE

En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y dos delitos fiscales. La pena concreta dependerá de si el yerno del Rey abona antes, junto a Torres, los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las Administraciones públicas. La petición que formulará para su exsocio oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.

Del mismo modo, el Ministerio Fiscal solicitará en su escrito que la Infanta, se siente o no finalmente en el banquillo de los acusados, responda civilmente -a título lucrativo- de los fondos supuestamente defraudados por su marido a través de Aizoon, sociedad de la que ambos son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.

De hecho, el artículo 122 del Código Penal establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados. El fiscal se amparará en este precepto para solicitar a la Infanta la fianza de responsabilidad civil.

EL INICIO DE LAS INVESTIGACIONES

Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares, puso la lupa sobre la actividad presuntamente irregular del entramado empresarial encabezado por Urdangarin y Torres en febrero de 2010 cuando, en el marco del caso Palma Arena, comenzó a interrogar a varios exaltos cargos de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) sobre la gestación de los foros sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Palma en 2005 y 2006 y por los que la entidad percibió un total de 2,3 millones de euros públicos.

Sin embargo, ya a principios de 2006 el diputado socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma. Nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto y que culminarían con el presunto apoderamiento de hasta 5,9 millones de euros públicos.

LAS INVESTIGACIONES DEL CASO PALMA ARENA

El nombre de Nóos salió a relucir en unas pesquisas centradas, entre otras numerosas cuestiones, en el destino que el Ejecutivo balear dio realmente a millonarias partidas que bajo el mandato de Matas -sobre quien pesan dos condenas por corrupción al frente del Govern- salieron de las arcas públicas.

Junto a los denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit adjudicados a Nóos por hasta 2,3 y 3,6 millones de euros, respectivamente, en manos de Castro también se encuentran investigaciones en torno al presunto desvío de 1,2 millones de euros en el anteproyecto de un palacio de la ópera de Palma que fue encargado al arquitecto Santiago Calatrava y de más de 50 millones en la construcción del velódromo Palma Arena.

El magistrado, cuyo Juzgado aglutina varias de las principales causas de corrupción política y económica que se instruyen en Baleares, ha tenido ante sí, a lo largo de interrogatorios que se han prolongado hasta durante tres días, al expresidente del Govern Jaume Matas, a varios de sus exconsellers, a Santiago Calatrava, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga y, en dos ocasiones, a Iñaki Urdangarin. El pasado 8 de febrero fue el turno de la Infanta Cristina tras haber acordado por segunda vez su imputación.